PE designa equipo para recuperación patrimonio sustraido por la corrupcion

El Poder Ejecutivo designó un equipo para que tramite conformar el equipo de abogados que representará al Estado en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas pública.
La disposición está contenida en el decreto número 22-21 emitido ayer por el presidente Luis Abinader, y en el mismo, el Poder Ejecutivo instruye a la Consultoría Jurídica para la conformación de “un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad”.

En el decreto, se designó coordinador general del equipo de abogados a Jorge Luis Polanco Rodríguez y coordinadores de equipos a José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez.

Se resalta en el documento que “se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario”.

En el despacho de prensa de la Presidencia, se hace constar que el pasado 9 de diciembre del año 2020, el presidente Luis Abinader había anunciado que conformaría un equipo de abogados para que represente al Estado en estos casos en perjuicio del patrimonio público, en caso de comprobarse.

“Este decreto refleja el compromiso firme de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la restitución de bienes y recursos que han sido distraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes”, cita textualmente el decreto 22-21.

Destaca el documento emitido por Poder Ejecutivo, que “con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un Estado prácticamente inamovible de impunidad”.