La incomparecencia de varios ejecutivos para testificar en el juicio por los sobornos de los US$92 millones que pagó Odebrecht a cambio de obras de infraestructura, se ha convertido en un obstáculo para el avance del proceso judicial en el país y ha motivado la posibilidad de que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) contemplen finiquitar el acuerdo suscrito con la constructora brasileña.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) consideró ayer que la no comparecencia de los testigos Mauricio Dantas Bezerra y de Rodrigo Maluf Cardoso es una falta de respeto de Odebrecht al sistema de justicia dominicano y advirtió que “llueva, truene o ventee” esos testigos tendrán que presentarse al tribunal a declarar.
Camacho aclaró que el hecho de que el Ministerio Público considere dejar sin efecto el acuerdo, no impide que los testigos comparezcan al juicio, ya que fueron admitidos y no pueden obstruir a la justicia.
El abogado José Miguel Minier, defensor de Ángel Rondón, principal imputado del proceso, consideró que las declaraciones del procurador Camacho son “un bulto”, ya que si realmente quisiera la nulidad del acuerdo no debería “amagar”.
En el acuerdo de colaboración, Odebrecht se acogió al criterio de oportunidad para entregar al Ministerio Público toda la información, documentos, data, testimonios, declaración, y cualquier elemento que pudiera ser útil para esclarecer los hechos e identificar a las personas y empresas, obras involucradas, la forma en la que fueron efectuados los pagos, además de aportar toda la información para esclarecer los hechos admitidos en el acuerdo por la empresa sobornadora.
A cambio de esto, el Ministerio Público desistió de la persecución penal contra la empresa. Sin embargo, el mismo acuerdo establece que el incum- plimiento de Odebrecht a su obligación facultará al Ministerio Público a dar por terminado el arreglo, retener las sumas que hubiesen sido pagadas por los daños y perjuicio (US$60 millones actualmente), y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en contra de la empresa como si el acuerdo nunca hubiese sido suscrito, y como si el criterio de oportunidad nunca hubiese sido solicitado.
Ayer las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se vieron en la necesidad de suspender el juicio debido a la incomparecencia de los testigos que están en Brasil. Ordenaron la conducencia de Mauricio Dantas Bezerra y de Rodrigo Maluf Cardoso y fijaron para el 8 de enero del 2021 la continuación del proceso. Esto a fin de que el Ministerio Público ejecute la conducencia de esos ejecutivos de Odebrecht que figuran como los primeros en la lista de testigos de la Procuraduría.
Entre los que deben estar presentes para la próxima audiencia que se realizará en enero, también figuran Marcelo Hofke y María Eugenia Batista.
La Pepca tiene 28 testigos para demostrar la acusación formulada contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. El listado incluye a Mauricio Dantas Bezerra, el apoderado especial de Odebrecht que firmó un acuerdo con la Procuraduría en 2017, donde la empresa brasileña se comprometió a pagar US$184 millones en cuotas anuales hasta 2025 por los daños y perjuicios causados al Estado.