José Miguel Minier, el abogado del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), Fernando Rosa Fernando, imputado en el caso Antipulpo, dijo este jueves a El Nuevo Diario que si a su defendido no se le varía la medida de prisión preventiva, podría morir antes de la fecha establecida para revisar la disposición a los encartados que guardan prisión en la cárcel CCR de San Cristóbal.
Minier retó a la procuradora adjunta de la Procuraduría de la República, Yeni Berenice Reynoso y al procurador de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, a convocar un grupo del Colegio de Médicos para que evalúe a su defendido, para que se verifique su real condición de salud.
Igualmente, sentenció que si dicha medida coercitiva no es modificada a Fernando Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Francisco Pagan, otros de los implicados en el caso de presunta corrupción, “uno de ellos tres fallece por estrés antes de llegar el primero de marzo”.
El jurista durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario En La Tarde, de 5:00-6:00 pm, calificó a la procuradora adjunta como “inhumana”, puesto que “ella fue capaz de decirle a Fernando que para robar no estaba enfermo, mientras que para enfrentar la audiencia sí”.
“Yo espero que nunca en su vida un familiar de ella se vea en la necesidad de estar en un tribunal y alegar un caso de salud”, expresó Minier.
Explicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe esta medida, por el precedente interamericano, en base a la gravedad del hecho o la pena imponible, al daño causado y a la calificación provisional de la presión preventiva.
Asimismo, señaló que la Organización Mundial de la Salud, Organización de Naciones Unidas y Organización de los Estados Americanos, han establecido no pertinente dicha media a causa del contagio por coronavirus.
Minier llamó “prejuiciadas” a las decisiones del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, ya que este fue cuestionado en la audiencia para conocer la medida de coerción de 11 encartados por supuestos actos de corrupción, de que había un alto riesgo de contagio del virus para imponer prisión, a lo que respondió que hasta en la casa se le puede pegar la enfermedad.
Fallas del juez José Alejandro Vargas
El abogado apuntó que el juez Vargas cometió muchas fallas porque el Código Procesal penal el artículo 22 le prohíbe interrogar a los acusados, sin embargo, “Vargas lo hizo cuando cuestionó al exdirector de Salud Pública Freddy Hidalgo, de que si sabía quién había subido el video donde este aparecía en ropa interior mientras se ejecuta un allanamiento en su vivienda.
Resaltó que cuando Berenice Reynoso interrumpía a Rosa durante su intervención, “el juez no la mando a callar, y por eso hubo que decirle que hiciera un buche de agua para que guardara silencio”.
Jurídico-personal
El abogado Minier indicó que Reynoso pasó del proceder jurídico a lo personal en el trato a Fernando Rosa y en los otros 10 implicados, durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción de 11 encartados en el caso de corrupción “Pulpo”.
“Cualquier cosa que le haya pasado con Fernando, debió dejarlo atrás y juzgar en función del expediente del Ministerio Público”, manifestó.
Imputaciones
Se recuerda que el Ministerio Público, dijo que tiene bajo investigación por sospecha de sobrevaluación todas las obras realizadas por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), durante la gestión de Fernando Rosa.
Dijo que “se distraían más de 60 millones al mes” del Fonper en la gestión de Rosa.
Fernando Rosa fungió como presidente del Fonper durante las dos gestiones presidenciales de Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020).
La función de Rosa era velar o custodiar las acciones que posee el Estado Dominicano en las empresas reformadas o capitalizadas.
Según las investigaciones, Alexis Medina, montó una red de empresas, a través de testaferros, para obtener contratos públicos con múltiples instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el jefe de Estado.
La fiscalía acusa a esta red de sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos en contratos obtenidos, por medio de tráfico de influencias, con instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la República.