Mientras motivaba las razones para emitir las medidas de coerción a los implicados en el caso de la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apeló a cuestiones de género para justificar la prisión domiciliaria que otorgó a la única mujer procesada: Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina.
Vargas le informó que se beneficiaría de lo que ha sido una costumbre en sus decisiones. “Este juez ha sido siempre muy medido en el trato que les dispensa a las mujeres, porque al sacar a una mujer de su casa, se ponen en juego muchas cosas. El hombre puede irse”, comentó previo a dictarle los tres meses de prisión domiciliaria, uso de brazaletes electrónicos, garantía económica de RD$10 millones e impedimento de salida del país.
La decisión del magistrado se da en momentos en que el sistema carcelario dominicano resguarda a 740 mujeres que, en la mayoría de los casos, violaron la ley de droga o cometieron robo u homicidio. Los hombres privados de libertad superan los 26,000.
Desde el mismo tribunal donde el magistrado Vargas comparte las funciones de juez de atención permanente con otros magistrados, han salido 31 decisiones de prisión preventiva en todo lo que va de este 2020. En el mismo periodo del año pasado, las prisiones preventivas dictadas contra mujeres fueron 34.
Las cifras representan un pequeño porcentaje en torno a la cantidad de casos judicializados en esa demarcación. Por ejemplo, en el trimestre abril junio, en la fiscalía del Distrito Nacional se judicializaron 361 casos. La cantidad de mujeres a las que se le impuso prisión preventiva en se periodo fue de 19.
“Si ustedes ven mi historial, para yo mandar a una mujer a la cárcel, yo lo pienso mucho, analizo mucho las infracciones porque, además, es difícil que una mujer se fugue. La mujer es difícil que se fugue porque, ciertamente, los sentimientos las atan siempre a la familia”, motivó el juez Vargas, quien también dispuso prisión domiciliaria a otros dos de los once a los que les conoció medida el pasado martes.
Según el Ministerio Público, representado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el grupo conforma un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Tanto el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, como el excontralor de la República, Rafael Germosén, también tienen arresto domiciliario, imposición de brazaletes electrónicos y garantía económica, por su presunta participación en la red de corrupción.
Mientras que se dictó prisión preventiva contra Alexis Medina Sánchez, a quien la Pepca le atribuye ser la cabeza visible del grupo.
La misma medida se dictó en contra del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y el exdirector de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Cristopher Sánchez, quienes deben cumplirla en el Centro Conductual y de Rehabilitación de San Cristóbal.
El juez también dictó prisión preventiva en contra de Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, la que deben cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís.