Tras casi 26 horas de debates, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, acusado de ser la cabeza visible de un supuesto entramado de corrupción que operó durante el gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La misma medida se dictó en contra del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y el exdirector de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Cristopher Sánchez. El grupo deberá cumplir la medida en el Centro Conductual y de Rehabilitación de San Cristóbal (CCR Sancristobalence).
En cuanto a la otra hermana del expresidente Medina, la señora Carmen Magalys Medina Sánchez, así como para el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y el excontralor de la República, Rafael Germosén, el juez dictó prisión domiciliaria y la imposición de brazaletes electrónicos.
En total, el magistrado dictó prisión para los once que fueron encartados por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el expediente Operación Antipulpo, en el que acusa a los exfuncionarios de crear un entramado societario junto otras personas para estafar al Estado.
En su dictamen, el magistrado impuso prisión preventiva en contra de contra Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, la que deben cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís.
Para el también imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz, el juez lo dejó en libertad, pero le ordenó presentación periódica ante el Ministerio Público.
En el expediente que presentó la Pepca se acusa a los imputados de constituirse en una asociación de malhechores que estafaba al Estado aprovechando el tráfico de influencias y la coalición de funcionarios públicos.
El juez aceptó dar la calificación de caso complejo que le había solicitado la Pepca, aunque no accedió al pedido de año de prisión para la mayoría del grupo que demandaba.
Vargas consideró que existen indicios para que continúe la investigación que ya inició el Ministerio Público, y al referirse al caso específico de Alexis Medina, consideró que sus actuaciones fueron un mal pago o falla familiar.
“Yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios” dijo el juez, al motivar la decisión de prisión en su contra.
“Alexis no correspondió y comenzó a hacer negocios y los negocios de Alexis fueron notorios. No es solo el Ministerio Público que persigue a Alexis, todos los comerciantes y empresarios que lo veían que usaba el tráfico de influencia para favorecerse, hoy celebran que usted este ahí, para que no se pierda”, le encaró Vargas.
De Hidalgo, el exministro de Salud, lo llamó “tonto poco útil”, en referencia a las acusaciones que le hace la Pepca de que ordenó la realización de procesos de licitaciones de urgencia que no constituían tal urgencia, o que tenían como suplidores únicos a empresas vinculadas a Alexis Medina.
Para explicar su convicción de que el exdirector de Oisoe Francisco Pagán tenía conocimiento de lo que ocurría con los contratos y los pagos, puso de ejemplo uno que el Ministerio Público presentó como prueba. Se refiere al contrato por 1,450 millones de dólares para la adquisición de material asfáltico de AC-30, suscrito por la Oisoe en noviembre de 2018 con la empresa General Supply Corporations.
De acuerdo con la Pepca, se encontró documentación donde se indicaba que, aunque el contrato era para 500,000 galones del referido producto, y se hacía constar que la cantidad despachada era esa misma, el despacho real fue solo de 166,000 galones.
El caso específico de Cristopher Sánchez, el juez dijo estar sorprendido de que, fuera tan efectivo ahorrando dinero al estado con la fiscalización de unas obras, mientras fuera tan débil en las vinculadas a Alexis Medina.
En sus declaraciones ante el juez, el exfiscalizador de la Oisoe defendió su honestidad poniendo como ejemplo los miles de millones en cobros de cubicación que logró ahorrarle al Estado por comprobar que las obras en referencia no tenían las ejecuciones reportadas y que, por el contrario, eran las empresas que le debían al Estado.
“Me sorprende lo efectivo que fue cuando dice lo que le ahorró al Estado fiscalizando el hospital del cáncer, y tanta contundencia en eso y, entonces, tanta debilidad en la fiscalización cuando se trataba de Alexis Medina, eso es inexplicable y el juez no lo va a entender”.
El juez también consideró que las facturas con nombres genéricos de productos o los procedimientos de urgencia irregulares no se pueden calificar solo de faltas administrativas, como en algún momento alegó la defensa de algunos de los imputados.
En el caso de Carmen Magalys, el magistrado Vargas entiende que ella sabía que existía un comité de compras en Fonper y a quién llamaba ese comité.
“Porque usted y el señor (Rosa) manejaban ese comité y ¿quién puede decirle que no al jefe o a la hermana del presidente? Usted sabía que su hermana (la exdiputada Lucía Medina) estaba ahí. Y, ¿cómo el juez puede no pensar que lo que se le pasaba a su hermana mensualmente o las obras que se le asignaban a Alexis no era para que los beneficios retornaran a usted y a Fernando Rosa?”.
Vargas asume la calificación de asociación de malhechores que invoca el Ministerio Público, así como la coalición de funcionarios, que si bien, como argumentó la defensa de Alexis Medina no se da en su caso específico, dado que éste no tenía funciones en el Estado, si ocurre en el caso de Magalys Medina y Fernando Rosa, o de Pagán, Aquiles Cristopher y Rafael Germosén.
De hecho, el juez cuestionó por qué los cientos de ingenieros que hacen filas en la Oisoe en reclamo de que le paguen cubicaciones no les respondían tan rápido como a las empresas vinculadas a Alexis Medina. Y de paso preguntó si, a partir de ahora, cuando un partido distinto al PLD dirige el Gobierno, el imputado tendrá la misma suerte para contratar con el Estado.
Entiende que, aunque algunos le han dado una connotación política al caso, él ve a una familia que traicionó la debilidad sentimental por sus hermanos que tenía el expresidente de la República, Danilo Medina.
En el caso de Suriel Suazo y de Domingo Antonio Santiago, el juez consideró que se trató de empresarios que intentaron hacer negocios con el hermano del presidente, pero que no les funcionó y se fueron. Al primero, sin embargo, le ordenó prisión por las armas que dice la Pepca haber incautado en su apartamento.
“Qué hacía con ese fusil en ese apartamento, porque si eso no era suyo, nadie le puede entregar armas a usted, pues usted no es militar, y es lo que estoy ponderando respecto a usted”, le especificó el magistrado previo a decirle la decisión en su contra.
Para José Dolores Santana y Wacal Méndez Pineda, Vargas asume que se trata de dos prestanombres que se prestaban a todo tipo de complicidad con Alexis Medina, y les impuso la prisión preventiva por entender que pueden ocultar evidencia, también para resguardarlos.
Diez de los encartados en la Operación Antipulpo fueron detenidos el domingo 29 de diciembre mediante operativos que realizó la Pepca en Santiago y Santo Domingo, en horas de la madrugada para, supuestamente, resguardar la privacidad de los involucrados. En el caso de Méndez Pineda fue detenido el pasado sábado 5 de diciembre, en Santo Domingo Este.
Las medidas impuestas deberán ser revisadas el 1 de marzo en el Tercer Juzgado de la Instrucción conforme lo dispuso el tribunal.