Dos de las empresas vinculadas al hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, recibieron pagos por unos RD$200 millones de pesos por contratos supuestamente irregulares con el Ministerio de Salud Pública, durante la gestión de Freddy Hidalgo.
Así lo expone el Ministerio Público en una de la solicitud de orden de allanamiento que hizo a un tribunal para proceder al apresamiento de unas diez personas, entre exfuncionarios y personas a las que califica de proveedores privilegiados y testaferros “que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno”.
Además de Hidalgo y de Medina Sánchez, los apresamientos, realizados la madrugada del pasado domingo, incluyen al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y la exvicepresidenta de esa entidad, y hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez.
También el excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar; el exdirector de fiscalización de la OISOE, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel.
La investigación a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se ha denominado “Operación Antipulpo”. El nombre hace alusión a la capacidad que tuvo el hermano del expresidente de extender sus “tentáculos” por diversas instituciones estatales en las que consiguió contratos de obras.
Irregularidades en Salud Pública
En el caso del Ministerio de Salud Pública, la Pepca afirma que se violentaron procesos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas para beneficiar a las empresas de Medina Sánchez y que como modus operandi de parte del exministro Hidalgo, se procedía a las declaraciones de urgencias para las compras.
Cita el caso específico de una licitación declarada de urgencia para la adquisición de dos millones de unidades de medicamentos inyectables, en la que participó la empresa General Medical Solution A. M, una de las compañías que se vinculan a Alexis Medina Sánchez.
En la solicitud de compra que habría emitido el Ministerio de Salud en fecha 27 de mayo de 2014, se indicaba la adquisición del medicamento factor IX. Para el 2 de junio, el director financiero de ese ministerio, emitió la certificación de existencia de fondos por valor de RD$43 millones, pero especificando que el medicamento Factor IX era de la marca Octanine F. U. I, cuyo fabricante era la empresa suiza Octapharma A.G.
Indica que, como parte de los documentos para sustentar su oferta, General Medical Solution A. M había depositado una cotización de un millón de unidades del medicamento por valor de los RD$43 millones. También una carta de exclusividad del laboratorio Octapharma A.G, donde supuestamente indica que la empresa Dres. Mallén Guerra es distribuidor exclusivo en República Dominicana.
Pero el Ministerio Público logró certificaciones de órganos estatales donde se indica que las empresas General Medical Solution A. M y Octapharma A.G, “no se encuentran registradas como concedentes ni concesionarias de persona física o moral alguna”. También le certificaron que, si bien la empresa Doctores Mallén Guerra tiene contratos de exclusividad y distribución de productos de unas 31 empresas, en ninguna de ellas se encuentra registro alguno a su favor emitido por Octapharma A.G.
Otro aspecto que señala el Ministerio Público para calificar de irregular el procedimiento, fue que, aunque la fecha de entrega de los medicamentos comprados de urgencia se fijó para el 26 de septiembre de 2014, fue el 16 de enero de 2015, más de tres meses después, cuando se autorizó al encargado de almacén a recibir los productos de parte de la empresa.
Con certificaciones de representatividad no comprobadas o falsas, de acuerdo con el Pepca, General Medical Solution A.M también vendió a Salud Pública medicamentos por valor de RD$57 millones, bajo el concepto de exclusividad. Pero, el Ministerio Público afirma que Salud Pública no contaba con la apropiación presupuestaria para tales fines, por lo que se violó la Ley 340-06.
Plantea que las maniobras fraudulentas del ministro de Salud, Freddy Hidalgo, así como el excontralor general de la República, Rafael Germosén y otros de los imputados, estaban destinadas a favorecer las empresas de Medina Sánchez.
Resalta el caso específico de General Medical Solution A. M que recibió libramientos de pagos por valor de RD$129.7 millones y la empresa Domedical Supplay, por RD$70.3 millones, ambas compañías atribuidas a Alexis Medina.
Los diez detenidos por el caso siguen a la espera del conocimiento de la medida de coerción que deberá conocerse este martes, cuando se vence el plazo de las 48 horas que tiene el Ministerio Público para hacer su solicitud ante al juzgado de atención permanente.
El Ministerio Público se comprometió a depositar anoche en el tribunal el o los expedientes donde plantean los actos de corrupción que les imputan a los arrestados. De antemano, fuentes ligadas al proceso han adelantado que se solicitará la medida de coerción más gravosa que consiste en prisión preventiva.
Este lunes continuaron las visitas de familiares y abogados a los encartados en la Operación Antipulpo, quienes aseguran que todavía no se les notifica sobre las razones por las que están detenidos.
Una de las que acudió hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el grupo guarda prisión, fue la exdiputada Lucía Medina, otra de las hermanas del expresidente Danilo Medina. La exlegisladora, sin embargo, se marchó del lugar sin poder reunirse con sus hermanos Alexis y Carmen Magalys. Las autoridades aseguraron que debido al protocolo por el COVID-19 solo le está permitida la entrada a los abogados de las defensas.
Otro que acudió en solidaridad de sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue José Dantés, secretario Jurídico de la organización política.
Manifestó que quiere creer que existe un Ministerio Público independiente, pero que “todo dependerá de las presiones” que reciban para actuar en este caso