Ángel Rondón Rijo continuará declarando este lunes para defenderse de la acusación que le hace la Procuraduría General de la República (PGR), la cual lo señala como el ejecutor de los sobornos que Odebrecht destinaba a funcionarios para ser favorecida con obras estatales.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le concedieron una hora este lunes para que el imputado Ángel Rondón exponga que tiene que decir en su defensa, ya que había iniciado el pasado viernes. Rondón dijo que hay informaciones del caso que pudieron haber tumbado el gobierno de Danilo Medina y al sistema político nacional.
También reveló que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, le habría ofrecido un trato a cambio de que acusara a “dos o tres” del Partido Revolucionario Moderno, que ostenta el gobierno actualmente.
Luego de que Ángel Rondón culmine, le darán la palabra al exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa, quien es acusado por enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio.
El Ministerio Público establece que Díaz Rúa recibió sobornos mientras ejerció funciones en el Estado. El órgano persecutor sustenta que la mayoría de los productos financieros fueron abiertos después de 2004, cuando el imputado inició su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012.
Esta semana también se tiene previsto que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional examine el contenido de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación por el caso Odebrecht.
Al principio del juicio contra Rondón, Díaz Rúa, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez, Andrés Bautista y Conrado Píttaluga el tema de los archivos definitivo acaparó el debate en el tribunal.
El Ministerio Público sostiene que Rondón recibió casi 1,000 millones de pesos y más de dos millones de dólares, producto de sus acciones delictivas. Además, establece que para acumular, mover todo ese dinero y darles apariencia de legalidad a los recursos económicos, Rondón diseñó un circuito de lavado de activos y usaba sociedades comerciales.