Las ayudas sociales de emergencia para atender a los trabajadores impactados por los efectos de la pandemia se han llevado 13 % del gasto público hasta el 30 de octubre, de acuerdo con cifras que maneja la Dirección General de Presupuesto.
Al cierre del mes pasado el Gobierno había destinado para el pago de los programas FASE, Quédate en Casa y Pa’ Ti 94,537 millones de pesos de los 731,998 millones que fueron utilizados para atender el gasto público total entre enero y octubre de este año.
El Gobierno dominicano ha señalado que las ayudas de emergencia para los trabajadores afectados por la pandemia terminarán en diciembre porque resultan una carga muy pesada para las finanzas públicas.
Para octubre más de 840,000 trabajadores seguían dependiendo de la ayuda del programa Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), un subsidio creado para evitar que las empresas despidieran personal en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
Para los pagos a trabajadores inscritos en el programa FASE se han destinado 39,367.5 millones de pesos desde su creación, en abril, hasta el mes pasado.
Por otro lado, en los subsidios de Quédate en Casa se han dirigido 49,574.6 millones de pesos desde abril, de acuerdo con los datos que maneja la Dirección General de Presupuesto.
Mientras tanto, el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (PA’TI) ha sido el que menor monto ha ejecutado desde su creación en el pasado mes de junio. Según los datos oficiales, a este subsidio se ha destinado un total de 5,595.8 millones de pesos hasta octubre.
En lugar de estos tres programas, el gobierno espera trasladar ese tipo de subsidios hacia mecanismos de ayuda más sostenibles. El director de Presupuesto, José Rijo, dijo recientemente en una entrevista televisada que la carga de los programas de atención a los trabajadores era demasiado alta.
La pandemia ha provocado una caída económica histórica. En República Dominicana el Producto Interno Bruto (PIB) caerá alrededor de 6 % este año debido a las medidas que se han aplicado para frenar la propagación del COVID-19 en el país.
La actividad económica estuvo restringida entre marzo y mayo, y las fronteras se mantuvieron cerradas hasta inicios de julio, lo que ha provocado un retroceso de 8.1 % en los primeros nueve meses del año, la caída más profunda desde el año 1981.