La deuda de US$124 millones que la empresa Odebrecht tiene con la República Dominicana, producto del acuerdo firmado en el país por los sobornos que admitió pagar a cambio de contratos de obras públicas, está sujeta a la decisión que dicten los tribunales de Brasil respecto al proceso de reestructuración financiera judicial en que se encuentra la constructora brasileña.
La información la dio la propia empresa a Diario Libre al defender su cumplimiento con las obligaciones asumidas mediante el acuerdo de colaboración con las autoridades dominicanas.
El 16 de marzo de 2017, Odebrecht se comprometió a pagar US$184 millones en cuotas anuales hasta 2025 como resarcimiento de los daños y perjuicios causados al Estado dominicano, en especial por los US$92 millones en sobornos pagados a funcionarios públicos. Sin embargo, solo hizo los dos primeros pagos en 2017 y 2018, que suman US$60 millones. A la fecha, tiene dos cuotas atrasadas que totalizan US$48 millones.
Diario Libre contactó a representantes de Odebrecht en Brasil. Desde ese país, se respondió vía correo electrónico que el procedimiento de reestructuración financiera en que está inmersa la multinacional “contempla a todos los acreedores locales y extranjeros de la empresa según los términos de la legislación aplicable, entre estos el crédito de la PGR (Procuraduría General) de la República Dominicana, entidad que participa en el mismo de forma activa en su calidad de acreed
Odebrecht S.A. se encuentra en un proceso de reestructuración financiera judicial desde junio de 2019, y en agosto de ese mismo año solicitó acogerse al capítulo 15 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos tras declararse en quiebra en Brasil.
Marcelo Pontes, director de Comunicación de Odebrecht S.A., aseguró que, desde la firma del acuerdo de colaboración, la empresa ha cumplido las obligaciones asumidas, “siendo de la esencia y naturaleza de dichos acuerdos (…) permitir que la empresa, a través de sus afiliadas, sigan plenamente habilitadas a desarrollar sus actividades con el objetivo de generar ingresos suficientes para cumplir con los compromisos contractuales y financieros”.
Sin embargo, el pasado 5 de octubre, el Gobierno anunció que pondrá fin a los contratos de adjudicación de unas cuatro obras que construye en el país la Constructora Norberto Odebrecht y sus consorciados. El monto de las cuatro cubicaciones pendientes por concluir, en relación al Ministerio de Obras Públicas, asciende a US$222.6 millones.
En septiembre de 2019, la Procuraduría dominicana informó que interpuso un reclamo formal ante la justicia de Brasil para asegurar el cobro de los US$124 millones que la constructora Odebrecht tiene pendiente pagar a la República Dominicana hasta el 30 de marzo de 2025.
“El Ministerio Público está haciendo todo lo que está legalmente a su alcance para que la empresa cumpla los compromisos que tiene”, dijo a Diario Libre el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, quien ahora encabeza la representación del Ministerio Público en el caso Odebrecht, por el que están siendo procesados seis imputados.
“La empresa está en un proceso de reestructuración de deudas en Brasil y nosotros le estamos dando seguimiento para que se cumpla lo pactado”, aseguró Espiñeira.
El magistrado no especificó cuáles acciones legales emprendería el Estado contra la empresa por las moras, sin embargo, el contrato establece que el incumplimiento en los pagos facultará al Ministerio Público a dar por terminado el acuerdo, a retener las sumas pagadas y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en contra de Odebrecht, como si el citado acuerdo “nunca hubiese sido suscrito”, unas penalidades de las que el portavoz de la multinacional prefirió no opinar.
El primer pago de Odebrecht al Estado dominicano se recibió mediante cheque bancario el 31 de enero de 2017 por US$30 millones. El segundo, correspondiente a otros US$30 millones, se efectuó el 26 de julio de 2018. Ambos montos se depositaron en una cuenta especial que tiene la Procuraduría en el Banreservas.
Según ha informado la Procuraduría, los pagos hechos hasta la fecha fueron incorporados a su presupuesto a los fines de desarrollar programas de prevención y combate de la criminalidad, y para la reforma penitenciaria, tales como la construcción de la nueva cárcel de La Victoria.
El acuerdo arribado en 2017 fue firmado entre el Ministerio Público, representado por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez y Laura Guerrero, entonces titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Odebrecht, representada por Mauricio Dantas Bezerra, apoderado especial, y Robert Valdez, abogado apoderado especial.
Los US$184 millones que la multinacional se comprometió a pagar duplican los US$92 millones que la empresa admitió que pagó en el país en sobornos entre 2001-2014. Según el acuerdo, la cifra puede modificarse si durante el curso de la investigación se comprueba que lo dado en sobornos sobrepasa la suma admitida inicialmente.
El acuerdo en cuestión establece que, en caso de atraso de las cuotas, Odebrecht se compromete a pagar 10 % anual de intereses sobre el monto de la cuota vencida calculado mensualmente.
Además, indica que la empresa se compromete a dar preferencia a los pagos respecto de los demás acuerdos de lenidad firmados con autoridades extranjeras, salvo los arribados en Brasil, Estados Unidos y Suiza. También, que los pagos acordados deberán ser inexorablemente presupuestados y ejecutados por Odebrecht en los montos y plazos acordados.
“En caso de producirse el incumplimiento, el Ministerio Público pondrá en mora a Odebrecht para que remedie el incumplimiento incurrido en un plazo no mayor de 15 días respecto a la obligación de entrega de información y 60 días respecto a la obligación de pago de las cuotas, vencido el cual, sin remediar la situación, a opción exclusiva del Ministerio Público, el presente acuerdo terminará de pleno derecho sin necesidad de cumplir con formalidades”, dice el documento.
El director de Comunicación de Odebrecht S.A. reiteró a Diario Libre que la empresa “está y continúa confiada en la institucionalidad de la República Dominicana y en el cumplimiento del acuerdo de colaboración”. “Por lo que espera que sus afiliadas -que actúan desde hace 20 años localmente en el sector de construcción- puedan mantener sus operaciones”, agregó.