El contagio de COVID-19 de un abogado de la defensa y el archivo definitivo de los expedientes de ocho imputados acapararon esta semana el juicio de fondo por los sobornos pagados por la empresa Odebrecht en el país.
La audiencia celebrada el pasado lunes se centró en los archivos definitivos, cuya alegada irregularidad es investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Wilson Camacho. Los autos dieron pie a que los abogados de los seis imputados que siguen en el caso pidieran un plazo para estudiarlos, argumentando que pueden contener elementos que les sean favorables a sus representados.
Las juezas que conforman el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazaron el plazo solicitado por los abogados defensores de Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y Tommy Galán. Pospusieron el juicio para el jueves 8 de octubre para dar la oportunidad a que Díaz Rúa acudiera a una cita médica de seguimiento tras haber padecido de COVID-19.
La enfermedad también fue motivo para el aplazamiento de la audiencia de ese jueves. Próximo a las 9:30 de la mañana, el tribunal anunció la posposición del juicio para el 20 de octubre debido a que uno de los abogados de la defensa de Bautista dio positivo al COVID-19 y solicitaron un aplazamiento de 14 días para cumplir con el protocolo de las autoridades de salud que establece entre 12 y 14 días el periodo de incubación del virus.
El tribunal acogió la solicitud y sugirió a todas las partes que se hagan la prueba del coronavirus, pero antes hizo la salvedad de que la salud es una responsabilidad personal y se debe respetar el distanciamiento establecido.
“Las partes no han respetado ese distanciamiento y el protocolo que ha impuesto el tribunal para este proceso”, dijo la magistrada Gisselle Méndez, presidenta del tribunal.
Los controversiales archivos
En esta semana, el magistrado Camacho continuó declarando a la prensa sobre los controversiales archivos definitivos que firmaron en septiembre de 2019 -durante las vacaciones de la entonces titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier- el exprocurador Jean Alain Rodríguez y Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Pepca.
Representantes de Alianza Ciudadana depositaron el pasado martes ante la Pepca una solicitud para que se revisen los archivos definitivos otorgados a favor de Juan Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y Radhamés Segura, bajo el argumento de que las acciones que inicialmente se les imputaron por los US$92 millones en sobornos que admitió la empresa Odebrecht haber pagado en la República Dominicana “no constituyen una infracción penal”.
El pedido de Alianza Ciudadana abriría una brecha en el tema de los archivos definitivos para que sean conocidos por un tribunal, ante la imposibilidad del Ministerio Público de objetar sus propios autos y debido a la falta de querellantes en el expediente del caso Odebrecht que se conoce actualmente.
El director del Pepca explicó en esta semana que, para su impugnación de parte de particulares, se debe acudir a un tribunal de primera instancia y no a la Suprema Corte de Justicia ni al Tribunal Colegiado donde actualmente se conoce el caso. Esto debido a que la primera ya se desapoderó del expediente y la segunda está apoderada del juicio, y el archivo es tema de instrucción.
Camacho ha insistido en que los autos están bajo investigación debido a las irregularidades que –dice– ha encontrado en ellos, tales como el hecho de que no están numerados, no se notificaron a todos los beneficiados y, a los que sí, se hizo mediante firma en el documento y no por acto de alguacil. También alega incongruencia entre el contenido del archivo y el causal legal en que se justifica.
Del firmante Escaño Martínez, quien todavía forma parte del Ministerio Público, el magistrado informó que podría abrirse un proceso disciplinario en su contra y adelantó que se estudian opciones sobre cómo proceder en cuanto al exprocurador, así como ante el carácter irrevocable que pueden tener dichos archivos definitivos.
El Gobierno rompe con Odebrecht
El pasado lunes, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que el Gobierno pondrá fin a los contratos de adjudicación de unas cuatro obras que construye la Constructora Norberto Odebrecht y sus consorciados en la República Dominicana.
El monto de las cuatro cubicaciones pendientes por concluir, en relación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, asciende a US$222.6 millones. De las 18 obras que se adjudicaron a la Odebrecht en el país, 11 fueron contratadas con el Ministerio de Obras Públicas, de las cuales cuatro están inconclusas: Carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar, Conexión Norte-Sur, Carretera Piedra Blanca-Cruce de Ocoa (Cibao-Sur) y Corredor Ecológico Pontezuela.
Al anuncio del Gobierno, la empresa Odebrecht reaccionó diciendo que confía en la “institucionalidad reinante en el país con el respeto a las leyes, preservación de la seguridad jurídica y los derechos adquiridos como pilares del estado social y democrático de derecho”.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, también informó que se investiga un contrato firmado entre la administración pasada de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Odebrecht, con el que la dependencia estatal asume “responsabilidades que debieron ser cumplidas por el consorcio constructor” de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
En un discurso pronunciado el pasado jueves, el presidente Luis Abinader mencionó el tema Odebrecht. Recordó que el Departamento de Operaciones Estructuradas que usaba la empresa para tramitar los sobornos en los países en que tenía contratos funcionaba desde la República Dominicana
“Hoy sabemos que desde ese departamento se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos relacionados a la Planta Termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha. El nuevo Ministerio Público ha informado que está investigando este caso”, dijo el mandatario.
En tal sentido, el titular de la Pepca declaró que la investigación incluirá “todo lo que pasó con Odebrecht en el país. “Vamos a hacer lo que sea necesario hacer para saber de la A a la Z qué pasó con Odebrecht en República Dominicana”, dijo Camacho días antes.