Optimista y confiado fueron las palabras usadas por Jesús Núñez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros, para describir cómo se siente ante la promesa del presidente Luis Abinader de hacer justicia y otorgar pensiones a los cañeros que por años llevan reclamando.
Y, justamente, por Abinader utilizar la palabra justicia los cañeros prometieron no realizar, por lo menos en este 2020, más marchas para demandar sus pensiones que fueron cotizadas por el disuelto Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS).
«Estamos confiados porque él nos habló en otros términos, de hacer justicia«, expresó Núñez.
Cada año, y varias veces, se repetía la escena: decenas de cañeros se manifestaban de manera pacífica en demanda de que se les otorguen las pensiones por las cuales pagaron. De acuerdo con Núñez, en 10 años de reclamos solo recibieron puertas cerradas de las pasadas autoridades.
El pasado fin de semana, el jefe de Estado, además de prometerles pensiones a los cañeros, también aseguró que los beneficiará al integrarlos al Seguro Nacional de Salud (Senasa): “Este Gobierno va a hacer justicia y será una justicia rápida”.
Otra de las razones por la cual no habrá este año más marchas de los cañeros es el costo que se lleva movilizarlos hacia el Distrito Nacional. Jesús Núñez indicó que los recursos con los cuales se trasladan son propios.
Contó que son las familias de los trabajadores de la caña las cuales aportan dinero para que estos se muevan hasta el Palacio Nacional a reclamar sus pensiones. Además, de que son personas ya adultas mayores.
“No los vamos a movilizar a torpedear una situación, por protagonismo o para poner en duda la palabra del presidente”, manifestó.
Jesús Núñez dijo que le entregó a Luis Abinader los nombres de 1,610 cañeros, de la unión, los cuales esperan por sus pensiones, pero que, en total, los casos sobrepasan los siete mil.
Otras reivindicaciones
Otras de las luchas por la cual Núñez señaló que reclamarán son las mejoras de las condiciones de trabajo en las plantaciones de caña y las comunidades bateyeras.
Sobre lo primero, aseguró los empleados trabajan en condiciones de casi semiesclavitud, con largas horas de trabajo, sin vacaciones y ni si quiera se les pagan el salario mínimo.
“Basta ya de trabajar tantas horas”, declaró.
En cuanto a lo segundo, señaló que en los bateyes se necesitan energía eléctrica, centros educativos y de salud, así como agua potable.
De igual forma, dijo que en esas comunidades se necesita otorgar cédulas de identidad, pues aseguró que el Plan de Regularización no llegó a los bateyes.