Los hogares dominicanos habitan en 3.2 millones de unidades habitacionales, en un universo de casi 10.3 millones de personas. También es una fuente de ingresos fiscales para los gobiernos dominicanos, que gravan en mayor proporción los bienes y servicios que consumen las familias, en comparación con la riqueza y el patrimonio.
Más allá de los promedios, la cantidad de miembros de los hogares varía desde una persona que lo habita, hasta 10 o más integrantes, según los resultados la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2018), divulgada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) el año pasado.
Otra encuesta más reciente, pero muy vinculada a ENHOGAR, divulgada por el Banco Central en marzo del 2020, es la de Gastos e Ingresos de los Hogares. Ésta revela que, en promedio y a la fecha del levantamiento de los datos, el gasto promedio por hogar era de RD$38,119.
Pero de este monto, el 88.8% se destina a financiar el consumo final efectivo, lo que comprende los bienes y servicios adquiridos por los residentes de los hogares para la satisfacción directa de sus necesidades humanas, sean éstas individuales o colectivas.
Pero en el caso dominicano, los hogares están bajo la presión de un sistema tributario que se nutre de impuestos indirectos que gravan el consumo, lo que reduce significativamente el poder de compras de los hogares, con relación al ingreso bruto recibido.
Un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre el Sistema Tributario Dominicano, actualizado al 2018, concluye que “a diferencia de los países de la OCDE, que poseen una estructura de ingresos fiscales más balanceada, la República Dominicana muestra una gran dependencia de los ingresos tributarios”.
En una comparación entre las recaudaciones por tipo de impuestos (directos e indirectos), llega a la siguiente conclusión de que por impuestos directos (a la riqueza y al patrimonio) en América Latina la recaudación representa el 39.3%, mientras que en los países más desarrollados (países OCDE) es de un 48.8%.
En cambio, en República Dominicana en impuestos directos (a la riqueza y al patrimonio) ese porcentaje es de solo 33.6%.
Entonces, República Dominicana es campeona en cobrarles menos impuestos a los ricos.
Mientras que con respecto a los impuestos indirectos (que gravan al consumo, por lo que castigan más a los de menos ingresos), en América Latina el porcentaje de recaudación es de 60.7%, y en los países OCDE es de 51.2%.
En cambio, en República Dominicana la proporción es de 66.4%.
Entonces, República Dominicana es campeona en gravar más a los consumidores y en consecuencia a los hogares.
Se trata de un panorama impositivo basado en un predominio de impuestos indirectos que incluye tasas como el 18% del impuesto a la Transferencias de Bienes y Servicios Industrializados (ITBIS) y una miríada de impuestos selectivos al consumo, que gravan desde los seguros hasta los combustibles.
Asimismo, combinaciones de ambos tipos de impuestos como es el caso de los servicios de telecomunicaciones, a lo que le suma un tercero denominado como “Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones”. Entre los tres elevan el costo para los consumidores hacia una tasa combinada de un 29.7% del monto directamente facturado por el servicio.
Las telecomunicaciones es un sector que parece ser visto como la gallina de los huevos de oro para fines de recaudación, a pesar de su importancia en el desarrollo económico, para la inclusión social y para las metas declaradas de “cerrar la brecha digital”.
En su informe bajo el título “Privilegios que niegan derechos”, de junio del 2016, Oxfam Internacional expone una radiografía de Latinoamérica, considerada la región más desigual del mundo.
El informe sostiene que los impuestos indirectos, incluido el impuesto al valor agregado o IVA, perjudican a los más pobres. Sostiene que “después de pagarlos, se estima que el ingreso del 10% más pobre se reduce en 43%. En tanto que para el 10% más rico el ingreso apenas disminuye en 7.9%”.
Se recuerda que en República Dominicana, cuando se aprobó, se identificó bajo el nombre del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios o ITBIS, con el objetivo de evadir la mala fama que en la región cargaba el nombre del IVA.
Cada año, acompañando el proyecto de Ley del Presupuesto, el Ministerio de Hacienda divulga el informe sobre el Gasto Tributario en República Dominicana.
Este gasto, que más bien es un recurso no percibido como resultado de exenciones fiscales, se define como “el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial distinto al que se define en el sistema tributario de referencia, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades económicas, sectores, zonas o contribuyentes”.
Para el año 2020, esas exenciones se estimaron en RD$237,908.6 millones, equivalente a un 4.84% del PIB.
Eso incluye algunos productos de consumos masivos gravados por el ITBIS y por los impuestos selectivos al consumo. Además, incluye exenciones de impuestos al patrimonio, que para este año se estimó en un monto de impuestos dejado de recaudar ascendente a RD$32,129.9 millones. Asimismo, exenciones al impuesto sobre la renta por un monto de RD$38,450 millones.
Pero el impacto de esas exenciones en la creación de riquezas se desconoce porque se realizan estudios de costos-beneficios que lo justifiquen. En el caso dominicano, “a menudo no hay total claridad a la hora de determinar si los beneficios generales superan los costos”, se afirma en el informe sobre República Dominicana, divulgado en el 2017 por el Banco Mundial titulado “Hacia un sistema tributario más eficiente”.