Tras ganar el poder con solo seis años de creado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfrenta una situación interna muy difícil: todos los dirigentes entienden que merecen un lugar en la administración del Estado.
Pero el pastel gubernamental solo da para un poco más de 620 mil empleos, lo cual está muy por debajo para los 2.1 millones de votos que obtuvo el PRM en la contienda electoral del cinco de julio pasado.
La situación se complica aún más con la disposición del presidente Luis Abinader de eliminar instituciones innecesarias o con duplicidad de funciones para optimizar los recursos y usarlos en áreas necesitadas.
Además, que estableció una orden de no cancelar de forma masiva a los colaboradores de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como medida contra el desempleo, provocado por la crisis del COVID-19.
Otra de las luchas en el Gobierno es que cada funcionario quiere dar prioridad a sus simpatizantes en los repartos de puestos, lo que ha causado aguijones a nivel interno del partido.
En Santiago, se dice que un impasse entre la vicepresidenta, Raquel Peña, y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, retrasó el nombramiento del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
Peña tenía a Silvio Carrasco y Paliza a Robinson Díaz, pero al final se nombró a Andrés Burgos, del grupo de Hipólito Mejía y de la base del PRM en Santiago.
En la provincia de El Seibo, una discrepancia entre los grupos de Hipólito Mejía y el presidente Abinader ha demorado la designación de la gobernadora, pese a que casi todas ya fueron juramentadas por el mandatario el pasado mes.
Y en La Altagracia, el nombramiento del hijo de Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, como encargado de la Dirección General de Aduanas (DGA) en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) disgustó a dirigentes del PRM de esa provincia. Se dice que para el puesto, que devenga un salario de RD$165,000, ya había un favorito el cual no fue nombrado, lo que ha provocado disgustos.
Francisco Villega, diputado altagraciano del PRM, calificó como un irrespeto la designación, ya que no se tomó en cuenta la “comisión de empleos de la provincia La Altagracia”, según publicó en Twitter.
Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas, le respondió de forma calmada y le indicó que ese nombramiento no fue por familiaridad, sino “porque evaluamos cómo mejor aportar”.
El miércoles en la tarde, Villega visitó el Palacio Nacional para gestionar una solución al problema.
El caso del vástago de Antoliano Peralta no es el único. La hija de Milagros Germán, vocera de la Presidencia, es viceministra en Medio Ambiente; el hijo de la alcaldesa Carolina Mejía es viceministro en el Ministerio Administrativo de la Presidencia; el hijo de Sonia Guzmán, embajadora en Washington, es director del Instituto Nacional de Estabilización de Precio (Inespre), entre otros nombramientos que han tenido personas cercanas a los funcionarios.
En una entrevista con CNN en Español, a principio de septiembre, el presidente Abinader justificó las designaciones al decir que en todos los casos “son personas capacitadas y que tienen su razón de ser de ese nombramiento”. Catalogó como exageración las críticas, porque no había muchos casos. Además, indicó que ese era el gabinete de Gobierno más preparado.
Y es que todavía no se cumple el primer mes de la administración y control del Estado y la paciencia de los simpatizantes que hicieron sus trabajos para que el partido llegara al poder, empieza a agotarse, porque los ministros no los han tomado en cuenta.
Jesús (Chú) Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía, pidió a las masas “no desesperarse, porque el país vive una situación especial”. Pero las quejas siguen.