La Inspectoría del Poder Judicial seguirá peleando para seguir adelante con el proceso disciplinario seguido a tres jueces que están bajo investigación por el caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), quien supuestamente fingió su muerte en 2017 para escapar de la prisión.
La posición de la Inspectoría se da luego de que este miércoles la Secretaría del Consejo del Poder Judicial (CPJ) notificó la resolución que confirma la “no posibilidad de acusación disciplinaria en contra de los magistrados Aleida Jiménez, Willys de Jesús y Fátima Veloz”, bajo el argumento de que la acusación disciplinaria fue depositada por la Inspectoría luego de vencido el plazo para su presentación.
La Inspectoría establece que el caso no ha llegado a la etapa de juicio, que es donde se determina la culpabilidad o inocencia de los jueces. Además de que cuando el consejero de la Instrucción Preparatoria, magistrado Fernando Fernández Cruz, dispuso la extinción del proceso por caducidad, lo hizo basándose en las disposiciones de la Resolución 25-18 para juzgadores judiciales y no el Reglamento de la Ley 327-98, que era el que estaba vigente al momento de la realización de los hechos imputados.
“En la actualidad, la Inspectoría evalúa la posibilidad de un recurso de reconsideración ante el mismo órgano que emitió la decisión este jueves. Este recurso se fundamentaría en el artículo 21.3 de la Resolución 25-18. También existe la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA)”, dijo a Diario Libre una fuente judicial.
Precisaron que tal como lo establece el artículo 21 de la Resolución 25-18 y el artículo 53 de la Ley 107-13, las decisiones que emite el consejero de la Instrucción Preparatoria son recurribles ante el Consejo y que las decisiones que emite el Consejo son recurribles en reconsideración ante el mismo órgano, tal como lo establecen el artículo 21 de la Resolución 25-18 y el artículo 53 de la Ley 107-13.
En el año 2017, el recluso Pedro Alejandro Castillo Paniagua (a) Quirinito recibió un cambio de modalidad en el régimen de cumplimiento de su pena. Esto sirvió para que el interno simulara su muerte y evitara el cumplimiento de su pena de 30 años.
El 13 de febrero de 2020 se presentó la acusación disciplinaria contra los tres jueces, que alegadamente tuvieron que ver con la trama. El martes 14 de julio del 2020 fue notificada la decisión del consejero de la Instrucción preparatoria, Fernando Fernández Cruz, en la que dispuso la extinción del caso y la restitución de los magistrados. Contra esa decisión, en fecha 17 de julio de 2020, la Inspectoría elevó un recurso pidiendo al Consejo que anulara la decisión de prescripción y ordenara un juicio disciplinario.
Este 3 de septiembre se notificó a Inspectoría la resolución que ratifica la prescripción del caso. Esta ratificación contó con el voto favorable de las consejeras Karen Mejía y Brenda Galán. La consejera que presidía, Miguelina Ureña, emitió un voto disidente, indicando que el proceso no podía prescribir sobre la base de una norma que no existía cuando sucedieron los hechos disciplinariamente imputados. Además, la indicada consejera reseñó que el proceso debió continuarse conforme al Reglamento de la Ley 327-98, y no conforme a la Resolución 25-18.