Los tiroteos y los asesinatos en las calles de Nueva York han vuelto experimentar un aumento alarmante en el mes de agosto, de acuerdo con las estadísticas de la Policía de la ciudad, según las cuales durante el pasado mes se registraron 242 incidentes con armas de fuego, en los que murieron 53 personas.
En comparación con agosto de 2019, cuando murieron 36 personas en 91 tiroteos, las acciones violentas con pistola aumentaron un 166 % y los asesinatos un 47 %.
En lo que va de año se han registrado 1.014 balaceras en Nueva York, lo que supone un aumento del 87 % respecto al mismo periodo del año anterior en el que tuvieron lugar 541.
Este aumento contrasta con la leve subida del número total de crímenes ocurridos en la ciudad durante agosto, que fue de 9.093, es decir un 0,7 % más que los registrados el mismo mes de 2019.
Autoridades, policía y organización civiles se han lanzado acusaciones cruzadas sobre la supuesta responsabilidad de este aumento que comenzó el pasado junio.
La Policía de Nueva York asegura que el recorte en los presupuestos al cuerpo de seguridad, el cierre de una unidad acusada de brutalidad policial y la prohibición de realizar ciertas llaves para inmovilizar a los sospechosos por considerarse peligrosas han contribuido a la capacidad de actuación de los agentes.
El cuerpo de seguridad de la ciudad también se ha quejado de que la suspensión temporal del sistema judicial, la liberación de presos para evitar la extensión de la COVID-19 en las cárceles y la pérdida de respeto hacia los agentes en medio de las protestas nacionales contra la brutalidad policial han contribuido a que la violencia creciera.
Las autoridades, por su parte, aunque coinciden con algunos elementos del diagnóstico, ponen el énfasis en la crisis económica desatada por la pandemia e incluso algunos responsables políticos han acusado a la Policía de ralentizar su actuación para favorecer que el pico de violencia no disminuya, un extremo que los dirigentes policiales han negado categóricamente.
Este miércoles, medio centenar de organizaciones que trabajan en zonas conflictivas para intentar reducir los índices de violencia, pidieron más recursos a las autoridades para hacer frente a esta situación y acusaron al presidente Donald Trump de intentar hacer un uso político de la violencia en su campaña política.