La Procuraduría General de la República (PGR) asumirá la investigación de varios expedientes por supuesta corrupción entre los que se incluyen acusaciones contra el excandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo y de su hermano Ricardo Castillo Terrero.
La institución también anunció este lunes que investigará el caso de corrupción administrativa detectado en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a su exdirector Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
La Procuraduría dijo que pidió esos expedientes a la Fiscalía del Distrito Nacional como parte de una “reingeniería” enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito (corrupción).
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, precisó en un documento que esos casos habían sido remitidos a la Fiscalía de la capital “de manera segmentada y sin criterio definido”.
Otros expedientes que asumirá la PGR incluyen, la denuncia contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por presunta violación a la ley 155-17 sobre lavado de activos.
La denuncia contra Gonzalo Castillo y su compañía Helidosa Aviation Group por presunto enriquecimiento ilíticito y violación a la ley de compras y contrataciones públicas la realizó el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara, miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), el 12 y 15 de mayo pasados.
El propio Gómez Mazara acusó a Ricardo Castillo Terrero por la supuesta comisión de lavado de activos y la violación a la ley sobre compras y contrataciones públicas.
El comunicado de la PGR asegura que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan.
En ese contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley”.
El procedimiento se trata de una avocación que se ampara en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual en su artículo 30, inciso 10, le otorga al procurador general de la República la atribución de “asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público”, aseguró la información.
Agregó, en ese orden, “esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado”.
Gómez Mazara dijo en mayo último que con la querella depositada ante la Procuraduría Especializada en Persecución de Corrupción Administrativa (Pepca), contra el entonces candidato oficialista Gonzalo Castillo, busca que este explique la relación que guardaban sus empresas con el Estado dominicano durante los siete años que ocupó la posición de ministro de Obras Públicas.
El político y abogado también depositó ante la misma instancia en junio pasado documentación sobre el adendum firmado en febrero de año 2015 respecto de la construcción de la autopista del Coral y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante la gestión de Castillo.
La oficina de Gómez Mazara resaltó que, según el expediente, el adendum provocó un incremento de 86 % con relación al contrato original de la obra realizada por la constructora brasileña Odebrecht.
El dirigente opositor, además, solicitó de manera formal al Pepca que investigue las operaciones por 655 millones de pesos que supuestamente realizó la compañía Electromedica con el Inaipi y con el Ministerio de Obras Públicas para el programa nacional de asfaltado