La decisión de la Procuraduría General de la República de desapoderar a la Fiscalía del Distrito Nacional del conocimiento de varios expedientes de presuntos actos de corrupción, fue apoyada la noche de este lunes por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco). Dijo que con ello, envía una señal positiva a la sociedad.
La entidad indicó, en un comunicado, que la Fiscalía del DN no le había dado el seguimiento que ameritaban los expedientes por la gravedad que los mismos envuelven y citó “el caso de corrupción en la Oficina Metropolitana de Autobuses (Omsa), descubierto luego del asesinato del profesor universitario Yuniol Ramírez”.
Destacó que en el auto que la Procuraduría envió a la fiscal Rosalba Ramos le dijo que los casos habían sido trasladados a esa jurisdicción “sin un parámetro razonable”, “por lo que decidió asumir la investigación de varios casos de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito”.
Evelyn de la Cruz García, presidente de la entidad, entiende que el Ministerio Público está mandando una señal a la sociedad de que habrá lucha contra la corrupción, “algo que desde hace tiempo viene reclamando, el fin de la impunidad”.
“Al solicitar a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam Germán Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”, arguyó.
Añadió que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara.
En la instancia enviada el pasado 25 de agosto, la magistrada Germán Brito plantea que el Ministerio Público toma “todas las medidas necesarias” con el propósito de “garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana: perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción”; recordando, que en uno de los considerandos, de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU de lucha contra la Corrupción define ese flagelo como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”.
Deploró que hasta el momento en República Dominicana los casos de corrupción se hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones criminales complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado.
Los casos que serán llevados, por la máxima autoridad del ministerio públicos, incluyen: la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) por presunta violación a la Ley 155-17 sobre lavado de activos; el caso de presunta corrupción administrativa en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes, contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación; las denuncias presentadas contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group y Ricardo Andrés Castillo Terrero por violación a la Ley de Lavado de Activo y la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.