Esta es la historia fiscal de la pérdida del oportuno tiempo y del agravamiento de la situación. En agosto de 2012, cuando Danilo Medina toma posesión por primera vez como presidente de la República, declaró que recibió un “maletín de facturas”. Se refería al elevado déficit fiscal de ese año, acumulado en la gestión de su entonces compañero de partido, Leonel Fernández.
El Banco Central estimó ese déficit fiscal del sector público no financiero en 6.9% del PIB. En ese entonces el mundo aún estaba impactado por la crisis de las hipotecas subprime, desatada en 2008 y cuyos efectos se expresaron en una crisis financiera global.
En ese contexto, el nuevo gobierno de Medina convocó a las organizaciones sociales del país para lograr un consenso dirigido a alcanzar un pacto fiscal, que era y aun es un incumplido mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández el 25 de enero de ese mismo año 2012.
Pero ese proceso de diálogo social fue interrumpido por el mismo Gobierno, en reacción a los reclamos de transparencia de los representantes de las organizaciones sociales. La suspensión permitió continuar con una política de déficits fiscales anuales, de contratación de nueva deuda pública, y de una alta discrecionalidad en el gasto público con la tolerancia del Congreso dominado por los legisladores oficialistas, que retroactivamente le refrendaba los gastos no presupuestados cada fin de año, con la aprobación de proyectos de ley de presupuestos complementarios. Eso dio paso a 8 años de déficits fiscales anuales financiados cada año con contrataciones internas y externas de nuevas deudas pública.
Pero concluido ese lapso, el 16 de agosto un nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, toma las riendas del Estado. E igual que en 2012, recibe un gobierno bajo la tormenta de una crisis económica global, desatada por otra crisis global, pero sanitaria y económica.
Y así se construyen algunas de las similitudes fiscales, con relación al 2012. El nuevo gobierno recibe un país mucho más endeudado. Además, aunque por razones diferentes, con un incremento del déficit fiscal acumulado en un año electoral bajo el azote de la pandemia global del COVID-19. Hasta el 31 de julio pasado, este déficit es estimado en RD$164,400 millones, por Nelson Suárez, experto en temas de presupuesto y finanzas públicas.
Es predecible que este déficit continúe creciendo durante el año como resultado de las caídas de los ingresos fiscales por efecto de la parálisis de la economía. Y eso, combinado con la necesidad de aumentar el gasto público en salud para combatir la pandemia y para reactivar la economía.
Los economistas del Centro Regional del Centro Regional de Estrategias Económicas Regionales (Crees) estiman la deuda pública consolidada hasta junio pasado en un 61.9% del PIB, lo que con relación al nivel estimado en 2000, significa un incremento de 34.1 puntos porcentuales.
De confirmarse el dato, significa que la deuda pública consolidada creció en 8.1 puntos porcentuales del PIB con relación al porcentaje de 53.1% estimado por el FMI en 2018. Y no ha concluido el 2020.
Apolinar Veloz, un economista que se desempeñó como consultor del FMI, estima el monto de la deuda pública en un 59.8% del PIB, un nivel no muy lejano del estimado por el Crees.
Sobre la estimación oficial de la deuda pública consolidada existen muchas desconfianzas, por un largo y constante historial de subregistro por parte de los anteriores gobiernos. El último dato divulgado por el Banco Central corresponde a marzo pasado y era de 52.3% del PIB.
“La capacidad de recuperación de la economía se pone en peligro por el desmesurado aumento de la deuda interna y externa, lo que se evidencia por el incremento significativo del coeficiente deuda-PIB”, afirma Veloz.
En una entrevista realizada al economista Miguel Ceara Hatton, a principio de julio, se ofrecen algunas respuestas. La primera, que el gasto debe aumentar y con ello la deuda. Esto, por la necesidad ineludible de reactivar la economía.
Desde el 16 de agosto Ceara Hatton ocupa el puesto de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, posición desde la cual deberá formular políticas para reactivar la actividad económica del país. “Recuérdate que en 2012 se vino a saber que el déficit fiscal era de un 6% varios meses después del año siguiente. Eso ocultó la cifra real”, dijo. Y agregó: “Probablemente ya no lo podrán ocultar, porque habrá un cambio de gobierno. Y eso obligará a que la cifra sea mucho más transparente de lo que se pensó”.
Pero en lo inmediato el nuevo gobierno recibe un estado de situación fiscal que solo puede ser calificado de dramático, lo que incluye pérdidas de recaudaciones que hasta julio se estiman en RD$101,000 millones, según las estimaciones de Nelson Suárez.
Y otra vez, pero por razones completamente nuevas, el gobierno entrante se ve impelido a posponer un diálogo social para acordar un pacto fiscal, un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ruega por su cumplimiento. Y las razones tienen que ver con una economía languideciente, con empresas quebradas, aumento de los despidos o suspensiones laborales, crecimiento del desempleo, caída de los ingresos de divisas por turismo, por exportaciones de zonas francas e inversión extranjera y caída de los ingresos fiscales. Y un panorama futuro aún incierto.
Preguntado sobre la posibilidad de convocar a un diálogo sobre el pacto, Ceara Hatton respondió “que no es el momento”, ante la situación depresiva de la economía, que lo urgente son las decisiones que se deben tomar y aplicar. “Hay que reactivar la economía”.
“Lo que hará el Gobierno es la base de un pacto fiscal. No se necesita permiso para mejorar la calidad del gasto”. Así justifica Ceara Hatton que, aun sin un diálogo social para el pacto fiscal, las decisiones que se implementarán van en esa dirección. Esa mejoría involucra, según Ceara, la reducción del gasto administrativo, lo que incluye al sector eléctrico y otras instituciones. Y también se trata de la eficacia de las medidas contra la evasión fiscal, sobre cuáles sectores deben pagar más impuestos y sobre la regresividad del sistema impositivo.
Además, sobre cuál debe ser la presión tributaría necesaria para financiar el desarrollo y sobre una montaña de exenciones tributarias entregadas por años, sin ton ni son, y sin que nunca se midan sus beneficios, debilidades que evidencian informes del Banco Mundial.
Asimismo, sobre un Código Tributario que, como una momia de más de 25 años de antigüedad, se reembalsamaba cada año con nuevos parches que el anterior gobierno incluía en los proyectos de leyes presupuestarios, y que eran aprobados como resultado del control oficialista sobre el Congreso.
En el informe “Estimación del Incumplimiento Tributario en la República Dominicana”, la DGII revelaba que para 2017, el “incumplimiento estimado del impuesto sobre la renta” por parte de las empresas e instituciones, era de un 61.9%. Esto es evasión.
Además, que con relación a 10 años atrás, para el 2017, la tasa de evasión, en el caso de las empresas, aumentó en 5.5 puntos porcentuales. Mientras que en el caso de las personas físicas se redujo en 2.9 puntos porcentuales. O sea, las personas físicas, los trabajadores, pagaban más el impuesto sobre la renta que las empresas en las que trabajaban, que en contraste muchas de ellas evadían. Según la DGII, para el 2017 la evasión de impuestos en general representó el 9.43% del PIB.
En República Dominicana, la crisis sanitaria encuentra el sector salud bajo la condición de la cenicienta de las políticas y del gasto público. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 2003 y 2019 el gasto funcional ejecutado en salud pública se ha mantenido por debajo del 2%. En esos años fue en 2017 cuando se percibieron más fondos con relación al PIB, cuando se aportó un 1.78% del PIB, para luego bajar a porcentajes menores. Es el resultado del abandono del sector por parte de los últimos gobiernos. Por eso, bajo la premura y presión de la pandemia del COVID-19 se informa que el nuevo gobierno declara prioridad el sector salud. Sin salud no es posible la recuperación de la economía.
Eso declaró Miguel Ceara Hatton, unas semanas antes de asumir el liderazgo del MEPyD: “La salud es una prioridad. El apoyo a la población más pobre es otra prioridad, con una política clara de protección social que vamos a fortalecer”.
Con relación a la gestión pasada declaró, antes del 16 de agosto: “El actual no tiene ninguna credibilidad, lo que ha hecho es politiquear y utilizar el tema de la salud en beneficio propio”. Y que una vez pasada la tormenta… ya se hablará de Pacto Fiscal.
