SANTO DOMINGO.- Al dictar la conferencia “Ética y responsabilidad de los servidores públicos ante el COVID-19”, dirigida a los jueces y servidores del Tribunal Constitucional (TC), el abogado y politólogo Gregorio Montero sostuvo que los problemas éticos que enfrenta la administración pública no han surgido durante la crisis, sino que han estado siempre ahí, por lo que trabajar en la institucionalidad del Estado ha sido y será una tarea constante.

 “Los problemas que hoy quedan en evidencia, la desigualdad, la falta de capacidad de respuesta a tiempo por parte de las instituciones del Estado, son problemas que estamos viviendo en toda nuestra región y esto es importante que lo valoremos. Hoy es el COVID-19, mañana puede ser cualquier situación de crisis seria, como la que estamos viviendo actualmente”, puntualizó Montero.

El magistrado Milton Ray Guevara ofreció las palabras de bienvenida a esta conferencia virtual, en las que destacó la importancia de hablar de ética y responsabilidad en la situación actual, pues las crisis pueden alterar el comportamiento de la voluntad de las personas y los procedimientos administrativos deben ser más estrictos en estas situaciones. En este sentido, consideró que los procesos administrativos deben ser más rigurosos y se debe velar porque los servidores tengan las aptitudes necesarias para reincorporarse a sus labores.

Durante la exposición, Montero explicó conceptos básicos para entender la ética en el siglo XXI, resaltando la nueva forma de relación entre Estado y sociedad, en la que los ciudadanos están en mayor disposición de reclamar el bienestar social y se exige un nuevo perfil del servidor público.

“Hablamos de un modelo de servidor público que no solo siga siendo capaz y honesto, sino también innovador, sensible socialmente, que le duela lo que a la gente le duele. El servidor público que no es capaz de adentrarse en el sentimiento de los ciudadanos no va a ejercer bien sus funciones”, afirmó el especialista en administración pública.

Señaló que existe un dilema ético en la administración pública que se pone aún más en evidencia durante el estado de emergencia, donde se plantea un mayor ámbito de discrecionalidad a la autoridad pública. “Si tú utilizas ese ámbito para abusar de los derechos fundamentales para romper con los procedimientos administrativos y los trámites burocráticos y sacar beneficio, es la traición más grande que se puede cometer contra el Estado de derecho”, agregó.

El cumplimiento de las normas no es una opción, afirmó Montero, y por ello, para todos es conveniente la codificación de la ética pública, que servirá no solo para sancionar las acciones de corrupción, sino también para disuadir al que aún no las ha cometido.

“A mayor profesionalización y reconocimiento de un sistema de mérito, menos corrupción administrativa y -evidentemente- menos clientelismo político. Tenemos que seguir echando la batalla y colocar la ética como une temática transversal a todos los programas de formación en la administración pública, porque es lo que puede ayudar a cambiar la mentalidad”, dijo Montero.

El especialista

Gregorio Montero es licenciado en Derecho y especialista en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); magister en Administración y Políticas Públicas con titulación conjunta de la Universidad Estatal de UTAH de los Estados Unidos y la UASD. Es funcionario de carrera en comisión de servicio. Fue viceministro de Función Pública del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Actualmente es el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo internacional de carácter intergubernamental compuesto por 22 países de Iberoamérica y África, dedicado a impulsar la reforma del Estado y la modernización de la Administración pública, el cual tiene como sede Venezuela. Es miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas para el periodo 2018-2021.