Después de exponer la urgencia de un mayor presupuesto que tiene el Tribunal Superior Electoral (TSE), su presidente Román Jáquez Liranzo, fue enfático en expresar que “el tribunal se va a arropar con el tamaño de la sábana que tenga”, si no se le asignan los recursos para dar solución rápida a los conflictos contenciosos por candidaturas que surgen antes y después de las elecciones de febrero y mayo de este año, y los sometimientos penales que recibiría por infracciones electorales que le compete conocer a la Alta Corte.
No obstante, garantizó que darán solución oportuna apegada a la Constitución, al principio de legalidad y a los valores democráticos y de la integridad. El TSE solicitó un presupuesto de RD$1,040 millones para ejecutar en el 2020, cuando en el país se podrían celebrar tres elecciones, ante una eventual segunda vuelta en el nivel presidencial, pero solo se le aprobó RD$600 millones, similar al de 2019.
Jáquez Liranzo sostuvo que le preocupa la materia penal electoral, para lo cual, dijo, necesitan habilitar una sala adicional, a fin de juzgar las personas que sean sometidas por delitos electorales.
“Yo no puedo tener a un candidato en una audiencia en un espacio reducido como el que tenemos, concomitantemente con personas acusadas de infracciones electorales, de delitos y crímenes electorales, con una policía electoral, lo que conlleva por si lo penal, personas con esposas, familiares, no puede juzgarse lo penal en la misma sala que lo contencioso electoral”, señaló.
Presupuesto requerido
Confió que el gobierno valorará positivamente la necesidad del TSE en materia de formación, por el exceso de trabajo que tienen y le asignará el presupuesto requerido, con partidas complementarias.
“Aquí no hay condiciones para recibir a un apresado, no hay una celda, no hay una infraestructura adecuada para lo penal-electoral, necesitamos el ministerio de alguacil, integrar a los suplentes, o sea, que hay que designar un juez de la instrucción para que juzgue en una medida de coerción”, explicó. Expresó que para los casos penales habrá que designar un juez de atención permanente para que conozca las medidas de coerción.