El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) revisar la resolución 33-19 sobre la participación de los funcionarios públicos en la campaña, al considerar que resulta ineficaz por no discriminar los roles de los empleados y dirigentes políticos.
En tal sentido pidió que sea ampliada y se incluya una serie de restricciones a los funcionarios, como participar en programas de televisión durante las horas de trabajo; recibir donaciones, directa o indirectamente, de empresas contratistas u oferentes del Estado; incrementar los contratos de publicidad y de personal temporal.
También inaugurar obras o dar inicio a programas sociales, utilizándolos como mecanismo de promoción electoral; modificar la nómina pública para que no se utilice como medio para la campaña; hacer uso de la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política.
Además, usar información reservada de los archivos de la entidad pública a los cuales tiene acceso para actividades políticas; realizar o propiciar eventos o reuniones institucionales para patrocinar apariciones o causas de personas con aspiraciones electorales o políticas y presionar a particulares, subalternos o contratistas a respaldar una campaña.
La instancia del PRM fue interpuesta por sus abogados Antoliano Peralta, Luis Soto, Andrés Astacio y Julio Peña, y el delegado político ante la JCE, Orlando Jorge Mera.
En ella se cita el artículo 80.13 de la Ley 141-08 de Función Pública, que prohíbe a los servidores públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.
También el artículo 196 de la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, que prohibe utilizar las instituciones u órganos del Estado “para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular, norma que además establece que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campañas o proselitismo en favor de un partido o candidato”.
Bichara y Javier
El PRM señala que pese a la resolución de la JCE que dispone que los funcionarios que tengan bajo su responsabilidad el manejo de recursos o bienes del Estado no podrán participar en actividades proselitistas durante el horario laboral, se suele ver a funcionarios en actividades proselitistas a cualquier hora; como Rubén Jiménez Bichara, los ministros de Educación, Antonio Peña, y de Turismo, Francisco Javier García.