El Partido Revolucionario Moderno, PRM, fijó hoy su posición sobre el proyecto de Ley que modifica el presupuesto ejecutándose en 2019, remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.A continuación, el texto completo del documento resumido hoy en rueda de prensa por el destacado economista Miguel Ceara Hatton, responsable de la Secretaría Técnica y de Políticas Públicas, quien habló en la casa nacional junto a otros dirigentes del PRM:
1. El PLD viola las leyes
La ley de presupuesto de 2019 está sujeta a la Constitución, a la Ley Orgánica de Presupuesto de Presupuesto, la de Crédito Público y la de Estrategia Nacional de Desarrollo, las cuales han sido violadas durante todo el año, conscientes de que, por el control absoluto del Congreso Nacional, los excesos de gastos serán legalizadas mediante una modificación a la ley.
2. Las leyes de presupuesto de cada año expresan una irresponsabilidad
Las leyes de presupuestos aprobadas cada año reflejan una irresponsabilidad del gobierno pues siempre se sobrestiman los ingresos y subestiman los gastos y así presentar al inicio de año un menor déficit y, por consiguiente, una menor necesidad de financiamiento neto.
En proyecto de presupuesto sometido a las Cámaras se disminuyen los ingresos estimados en RD$12.4 mil millones y se incrementan los gastos en RD$10.2 mil millones, lo cual sitúa el déficit en RD$98 mil millones (2.2 % del PIB), en lugar de RD$76 mil millones (1.7 % del PIB presupuestado), sin incluir las operaciones descritas más adelante sobre las EDE’s.
En otras palabras, la falta de gestión sobre el control del gasto público hace la gestión financiera débil e irresponsable, que lleva a incumplir los objetivos fiscales, aumentando la incertidumbre económica.
3. El país se endeuda sin la debida autorización del Congreso
Al aumentar el déficit en RD$22.6 mil millones, se incrementa la necesidad de préstamos (las fuentes financieras) en ese monto. A esto hay que agregarle la solicitud de nuevos préstamos para el sector eléctrico contenido en la propuesta de modificación de la ley de presupuesto.
En efecto, los artículos 13 y 14 de la propuesta de modificación del presupuesto ejecutándose en 2019 se reconocen:
a) Operaciones de crédito a corto plazo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (las EDE’s) realizadas en el año 2019 por US$495 millones de dólares y RD$33 mil millones de pesos, por un total de aproximadamente US$623 millones.
b) El proyecto de Ley autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a concertar operaciones de crédito público mediante la colocación de bonos y/o crédito bancario en el sistema financiero, sin necesidad de remitirlos al Congreso Nacional para su aprobación, constituyendo una flagrante violación a la Constitución de la República.
4. Se legalizan gastos ilegales
Se incrementa en RD$18.7 mil millones a la partida de “Disminución de cuentas por pagar”, es decir, pago a proveedores que se pasan al año siguiente. En 2019, se tenía un presupuesto aprobado de RD$7.8 mil millones y se le agregan RD$18.3 mil millones lo que implica aumento de 236 % con relación a lo aprobado en el presupuesto de 2019.
Esto refleja gastos no presupuestados al 30 de septiembre que dejan sin cubrir otras operaciones, lo cual es un manejo irresponsable de las cuentas fiscales y violatorio el artículo 234 de la Constitución de la República, ya que, una vez aprobada la ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley que autorice la modificación, que es lo que se pretende con el presupuesto complementario después del hecho consumado.
5. No paga a contratistas y proveedores
Los RD$18.7 mil millones son para cubrir deudas desconocidas y ya pagadas al 30 de septiembre. Cubrir esta deuda implica que el Gobierno penaliza a contratistas y suplidores del Estado con los cuales tiene deudas pendientes de 2018, al disminuir las partidas para cubrir dichas obligaciones del Ministerio de Obras Públicas (RD$8,815 millones), de Administración de Obligaciones del Tesoro (RD$7,390 millones) y del Ministerio de la Presidencia (RD$2,505 millones).
6. La deuda del sector eléctrico: un barril sin fondo
En el proyecto de modificación del presupuesto de 2019 (mediante los artículos 13, 14 y 15), el Gobierno le reconoce a EDESUR, EDENORTE y EDEESTE compromisos de deudas con contratistas, proveedores y generadores por un monto de US$1,107 millones de dólares y RD$33 mil millones de pesos (US$626 millones de dólares, calculados al RD$52.80 x US$1).
Esto devela el fracaso de la actual administración en el sector eléctrico, ya que la acumulación de deudas se produce no obstante haber invertido el Gobierno más de US$1,275 Millones de dólares en esas empresas, principalmente para la reducción de perdidas, lo que deja constancia de que las mejoras presentadas son falsas, ya que no se reflejan en los resultados financieros de las empresas y mucho menos en la calidad del servicio que recibe la población, el cual se caracteriza por múltiples apagones.
Si a esta deuda de US$1,733 millones, sumamos los US$1,275 millones de inversión y los cerca de US$3,000 millones hasta ahora gastados en Punta Catalina, vemos que los dominicanos hemos gastado en el sector eléctrico más de US$6,000 millones de dólares, sin obtener ninguna mejoría del servicio y manteniendo la misma situación de insostenibilidad del sistema eléctrico.
7. Se dispara el déficit público
El gobierno pretende que el Congreso le permita asumir los gastos de EDESUR, EDENORTE y EDEESTE que generaron sus compromisos de deudas y además le autorice contratar operaciones de crédito público por un monto de RD$1,121 millones de dólares, equivalente a RD$59 mil millones de pesos, sin que luego se remita los contratos firmados al Congreso para su aprobación, ni se registre como gastos ni como fuente financiera durante el 2019 dichas operaciones, y por lo tanto, el déficit real al finalizar el año que se elevará a RD$157 mil millones, equivalente al 3.4 % del PIB.
En resumen: el proyecto de ley que pretende reformar el presupuesto de 2019 demuestra la violación sistemática de la Constitución de la República y las leyes aplicables del sistema de administración financiera del Estado, así como la reiterada falta de transparencia, manipulación y maquillaje de las cuentas fiscales.