En términos estructurales, por muchos años, el sector eléctrico no ha sufrido modificaciones importantes en cuanto a la conformación de la inversión público-privada, con excepción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, donde la intervención es puramente pública.
Con Punta Catalina, el Estado termina superando la participación porcentual privada en lo referente a generación eléctrica y eso puede comprobarse echando una mirada al “pastel” general en el territorio nacional.
La propiedad estatal o pública en el sector eléctrico está de esta forma: La Empresa de Transmisión (ETED) es 100% del Estado, EGE Haina es 62% del Estado, las empresas distribuidoras de electricidad del Norte, del Este y del Sur son en totalidad del Estado, la Empresa Hidroeléctrica (EGEHID) es 100% estatal y en EGE Itabo el Estado es dueño del 49.7%. En general, el balance al día de hoy de la participación del sector público y privado en la industria eléctrica nacional es muy parecido al que existía antes del proceso de capitalización, que se dio entre 1996 y el año 2000.
Partiendo de lo que tiene el Estado en cada caso citado, la participación del ramo privado queda entonces de esta forma: EGE Haina es en un 38% privada, EGE Itabo lo es en un 50% y el resto de la generación que representa el 50% de la capacidad instalada (es decir, 0.03%) es de antiguos empleados de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), que actualmente es la CDEEE.
Hace cuatro años, el entonces vicepresidente ejecutivo de la Asociación de la Industria Eléctrica (ya no es) Milton Morrison, calculaba que del parque de generación existente para entonces sólo el 67% de la capacidad instalada era capital privado totalmente. “Pero si calculamos hoy lo que representa Punta Catalina, entonces el Estado supera la parte privada en participación”, indica Morrison, que actualmente es el presidente del proyecto político País Posible.
En su análisis de hace años, Morrison calculaba que por cada 100 pesos dominicanos que EGE Haina genera de utilidad bruta, 76 ingresan al Estado en beneficios e impuestos. Y en el caso de EGE Itabo los números que ofreció indicaban que el Estado recibía 49.7% de beneficios, más los impuestos de los beneficios de la parte privada. “Queda claro que si estas empresas obtienen buenos beneficios, el Estado dominicano, es decir, todos nosotros obtenemos la mayor parte de los mismos”, explica Morrison.
La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) se construye con una inversión contractual de US$1,945 millones más el aporte de un fondo de contingencia de US$336 millones, cuya devolución al contratante o acreditación a la empresa constructora estará condicionada a los resultados de un proceso de arbitraje internacional. La planta fue adjudicada mediante un contrato EPC (Ingeniería, Procura y Construcción) a cargo del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella. Es una termoeléctrica de carbón mineral pulverizado dotada de dos generadores con una capacidad conjunta de 752 megavatios brutos.
En los casos de en EGE Itabo y EGE Haina, aunque el Estado tiene una participación accionaria importante, no tiene el control de la administración, porque en la administración el control total lo tiene el socio privado. El Estado tiene un representante en los consejos de ambas empresas, pero son representantes con voz y sin voto. En fin, se trata de una administración privada. En los casos de esas dos empresas, el modelo de APP (alianza público-privada) parece haber funcionado.
La CDEEE, una empresa sobrilla y los casos APP
En el caso de algunas de las empresas generadoras eléctricas donde el sector público no tiene participación accionaria, también hay APP, tomando en cuenta los contratos existentes de compra por parte del Estado. La energía que el Estado contrata a las generadoras se vende luego a los usuarios a través de las distribuidoras. En concreto, el modelo de alianza público-privada del que tanto hablan organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros se ha dado mucho en el ámbito eléctrico.
Y dentro del sector hay que citar también a la CDEEE, que es una empresa que sirve de sombrilla sobre las otras empresas del ramo eléctrico del Estado y como tal es 100% estatal. Como institución que traza políticas públicas en el país está la Comisión Nacional de Energía y está la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Organismo Coordinador, que pertenece a la superintendencia. La SIE constituye el ente regulador del ramo eléctrico dominicano y tiene la obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.