Según las denuncias de un abogado y grupos comunitarios, en el munpicio Villa Vásquez, en Montecristi, operan 36 puntos de ventas de drogas visibles que cuentan con la supuesta complicidad de las autoridades.
La denuncia sale a relucir a raíz del escándalo que involucra a la renunciante fiscal adjunta Carmen Lisset Núñez, a siete integrantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) acusados de plantar estupefacientes a jóvenes con la finalidad de extorsionarlos.
En contraposición a esta situación, lo que nos preguntamos es por qué esa fiscal no va atacar los puntos de drogas visibles, 36 en total y ella los conoce y sabe dónde están y nunca ha ido a intervenirlos”, expresó el abogado Elbis Muñoz Sosa.
Informó que recientemente, un hombre resultó herido a cuchilladas en uno de esos puntos de ventas de drogas. La denuncia de colocar estupefacientes a personas, algunos dirigentes populares y comunitarios para hacerles daño, no es exclusivo de Villa Vásquez.
El dirigente del movimiento Los Peregrinos de Moca, Juan Comprés, recuerda que el 3 de mayo del 2017, él fue víctima de esa mala práctica, tras plantarle 52 porciones de cocaína en su vehículo.
Al igual que en el caso de Villa Vásquez, la presencia de cámaras de vigilancia en una estación de combustibles, logró desmontar la trama en contra de Comprés, quien tuvo que agotar un largo proceso judicial para poder demostrar su inocencia. En esa ocasión, los acusados fueron agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN).
“De lo que está pasado a muchos jóvenes en mi país, la culpa latiene el procurador por no tomar sanciones en contra de los que se dedican a esta dañina práctica”, dice Comprés.
El dirigente de los derechos humanos, Virgilio Almánzar, quien estuvo en esta zona de Santiago, cuestionó el accionar de la DNCD y del ministerio público y recordó que esa práctica es vieja y debe ser superada.
De su lado, Jamil Cortés, un productor agrícola y dueño de una factoría de arroz en el municipio de Castañuelas, en Montecristi, denunció que entre los años 2015 y 2016, Núñez le allanó una finca tres veces sin contar con una orden de un juez.
Entrevistan a varias personas
Continúan realizado las entrevistas y los interrogatorios de lugar para esclarecer el caso.
La Inspectoría General del Ministerio Público entrevistó a la fiscal Núñez y a los miembros de la institución antinarcótica actuantes durante el allanamiento al referido establecimiento.
Ayer, la Inspectoría citó para entrevistar en torno al caso a Máximo Peña, padre de Edavel Peña, uno de los peluqueros a los que supuestamente les intentaron colocar el narcótico.
Además, fue citado Ottoniel Gutiérrez, uno de los dueños de la barbería donde ocurrió el hecho y Juan Daniel Disla, el hombre que habría sido utilizado para plantar la droga.
Renuncia de la fiscal facilita la investigación
La renuncia de la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez en medio de las investigaciones sobre el caso facilita el proceso. Así indicó ayer el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. La institución que dirige informó que Núñez presentó su formal renuncia al cargo como fiscal de carrera el pasado lunes, previo a esto, había sido suspendida. Asimismo, explicó que su renuncia agiliza el eventual proceso penal que pudiera iniciarse en su contra, en caso de que las evidencias permitan establecer que tiene comprometida su responsabilidad penal en los hechos, ya que no habrá que agotar todo el proceso disciplinario previo que establece la ley en estos casos y que haría más largo el mismo.