En 2008 fue sacado Alcides Benjamín Decena Lugo de la Cámara de Cuentas; los demás miembros renunciaron
Han levantado un avispero político las declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en el que solicita a la Cámara de Diputados investigar la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) cuya sentencia anuló la convención que ratificó a Miguel Vargas como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con la finalidad de que si se demuestra que su decisión viola la Constitución, se ejecute un juicio político contra los miembros del pleno.
En el país solo se han realizado dos juicios políticos. El primero, en 1972, contra el síndico de la capital Manolín Jiménez, a quien acusaron de ordenar acciones subversivas contra el régimen postrujillista de Joaquín Balaguer y contra los miembros de la Cámara de Cuentas en 2008, quienes se acusaron mutuamente de apandillarse en esa institución pública.
El 27 de abril de 1972 la Cámara de Diputados acusó al síndico del Distrito Nacional Manuel “Manolín” Jiménez por el Partido Reformista de conspiración contra el Gobierno y el Senado lo destituyó antes de que terminara el día.
En aquellos tiempos, Joaquín Balaguer ejercía el segundo de sus tres mandatos consecutivos durante los 12 años. No se le permitió a Jiménez ninguna defensa. Así Manolín pasó a la historia como el primer funcionario público destituido por esa vía.
La resolución del Senado contenía un único considerando. “Que el ciudadano doctor Manuel Antonio Jiménez Rodríguez, síndico del Distrito Nacional, ha incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, consistentes en realizar actividades y diligencias enderezadas a subvertir el orden constitucional de la República, haciendo contactos con determinados miembros de las Fuerzas Armadas del país para inducirles al derrocamiento del actual régimen constitucional, según consta en el expediente enviado por la Cámara de Diputados y examinado por esta Alta Cámara”.
Ese mismo día, según hace constar el periódico Hoy en una nota fechada el 20 de junio de 2008, Balaguer y el presidente de la Sala Capitular del Distrito Nacional, Manuel de Jesús Valois.
La desgracia de Manolín Jiménez ocurrió tras la posición que asumió el político luego de la acción policial y militar del 4 de abril de 1972 en el que fueron apresados varios estudiantes y fue herida de muerte la estudiante de Economía Sagrario Díaz. Por sus críticas, Balaguer decidió sacarlo de circulación.
A pesar de que Jiménez exigió al Senado que le permitiera defenderse de las acusaciones por las que fue destituido, a este se le negó. En 1975, no obstante, hizo las paces con el mandatario.
Juicio Político a los miembros de la Cámara de Cuentas
El 4 de julio de 2008, el Senado destituyó a Alcides Benjamín Decena Lugo, único juez de la Cámara de Cuentas que no presentó renuncia de su cargo, tras someterse al juicio político que realizó la Cámara Alta.
En esa misma sesión, los 27 senadores que asistieron aprobaron las renuncias del presidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero; del secretario, José Gregorio, y del miembro Julio De Beras de la Cruz, quienes presentaron su decisión por escrito, mientras se desarrollaba la sesión. Previo al juicio lo habían hecho Juan Adalberto Lora Ruiz, José A. Maceo, Henry Mejía, Freddy B. Almonte y Luis Yépez Suncar.
La destitución de Decena Lugo fue unánime, pero la intención inicial de todos los senadores que hicieron uso de la palabra era destituir a los cuatro miembros que se sometieron al juicio.
Durante su defensa Decena Lugo declaró en reiteradas ocasiones que no había cometido ningún acto de hecho o de derecho que mereciera su destitución.
También se había considerado condenado antes de ir al juicio, argumentando que los diputados que elaboraron el acta acusatoria no habían guardado el respeto al revelar a los medios parte de lo que habían declarado.
El periódico Diario Libre de fecha del 5 de julio de 2008 reseña que durante las deliberaciones que antecedieron al histórico veredicto, los senadores resaltaron las condiciones morales y profesionales de los integrantes de la Cámara de Cuentas, pero a la vez, evidenciaron que durante su desempeño como colectivo violaron la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, exhibieron falta de gerencia, de liderazgo y que se irrespetaron entre sí.
No obstante, la falta más grave, según los senadores, fue el haber acabado con la credibilidad pública de la institución, por lo cual ya no eran merecedores del puesto.
“Son las propia declaraciones, los propios testimonios escritos de los nueve miembros de la Cámara los que les han autodescalificado ante la nación, ante el país, ante la sociedad para seguir siendo de esa Cámara de Cuentas. No tienen condiciones ninguno de ellos para ser miembros de la Cámara de Cuentas”, alegó el senador por Peravia (PLD), Wilton Guerrero, uno de los que pidió con más fuerza la destitución.
En tanto, el representante de Espaillat (PRD), Andrés Bautista, dijo que los miembros de la Cámara de Cuentas se olvidaron de su rol y de la responsabilidad que el pueblo había depositado en sus manos. “No podía ser más pésima. Les faltó sentido común, parece que se olvidaron donde estaban”, dijo sobre el desempeño que tuvieron.
Los miembros de la Cámara de Cuentas fueron sometidos a juicio político tras destaparse la crisis interna que vivían. El detonante fue el discurso del presidente Andrés Terrero durante la misa del 153 aniversario del órgano, en donde denunció el apandillamiento de sus iguales.
Su denuncia provocó que siete miembros de la CC firmaran una carta en donde cuestionaban su desempeño.
La trascendencia pública de estos acontecimientos llevaron a la Cámara de Diputados a investigar a los nueve miembros. La investigación terminó con el sometimiento a juicio político ante el Senado.