¿Quién asumirá la parte de la cesantía que los empresarios no pueden pagar? Para responder a esta pregunta se han realizado varias reuniones y se han hecho diferentes propuestas, pero hasta ahora ninguna convence a los trabajadores.
La cesantía o prestaciones laborales son los recursos económicos que, por mandato del Código Laboral, se paga a los trabajadores que son despedidos por sus empleadores.
Este derecho adquirido, representa un alto costo para las empresas y por esa y otras razones los empresarios organizados en diferentes gremios han estado pujando una modificación del Código Laboral.
Pero los trabajadores, representados por las organizaciones sindicales, no aceptan la disminución de estos beneficios.
Y aunque sí han estado dispuestos a revisar algunos aspectos procesales del Código Laboral, los sindicalistas mantienen una posición firme de rechazo a cualquier intento de modificación de la cesantía.
Hace más de cinco años se iniciaron las conversaciones formales con miras a lograr un consenso para la reforma laboral, pero la cesantía ha sido el disenso más acentuado desde aquel momento.
Al no vislumbrarse un consenso para tales fines en las discusiones para reformar la legislación de Trabajo, el tema de la cesantía fue incluido en un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional (actualmente en una comisión bicameral) para disolver el IDSS y a la vez crear el Instituto Nacional Administración de Riesgos Laborales (Inaril) que tendría un fondo para el pago de la cesantía.
Con esta propuesta, el enojo de los representantes del sector trabajador fue peor: se retiraron del diálogo que se realizaba en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) para buscar el consenso para la reforma laboral.
Para conocer la posición de los empresarios sobre este proyecto y la cesantía, Diario Libre consultó a la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) y esta entidad lo primero que aseguró es que bajo ningún concepto se busca eliminar derechos adquiridos de los trabajadores.
Con respecto al Inaril, el presidente de Copardom, Juan Alfredo de la Cruz, expresó que la parte del proyecto que habla de la creación del Inaril no tiene ningún impacto en la cesantía.
“Porque al final, digamos que a futuro lo que se apruebe sea una cesantía que se pague por ahí, lo que quiere el empleado es que se le pague, independientemente de que la pague el empleador o que la pague el instituto”, expresó De la Cruz.
Sin embargo, el dirigente empresarial, reconoció que la cesantía es un costo muy alto para las empresas y hay que buscar la forma de que se pueda reducir ese costo.
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, manifestó que los trabajadores no aceptarán ninguna variación sobre el tema de la cesantía porque dudan de que los cambios sean para beneficiar a los trabajadores como se ha dicho.