Los tambores de guerra vuelven a sonar en el parque Cibao y no es porque el Licey vaya a jugar, puesto que estamos en primavera, aunque también al lado izquierdo del Quisqueya pueden llegar citaciones a los tribunales.
Un acuerdo comercial por tres años con una firma licorera que se rubricó el último curso que Juanchy Sánchez comercializó a las Águilas es el centro de una demanda que interpuso el equipo amarillo a su principal accionista, confirmaron fuentes a DL.
El contrato, firmado previo al curso 2017-2018, establecía el pago de RD$11 millones en tres años, pero ya en abril de 2018 se desembolsó la mitad del dinero (RD$5,5 millones), el monto que la actual directiva aguilucha quiere recuperar vía los tribunales.
“Quieren que Juanchy devuelva ese dinero sin entregarle una factura de comprobante fiscal, lo que tendrá que definir un juez”, dijo una fuente cercana al caso que habló con DL bajo la condición. La audiencia de conciliación estaba prevista celebrarse el pasado viernes, pero Sánchez no se presentó por compromiso médico y fue reprogramada para el 10 de mayo.
“Él utilizó bienes de la compañía y los comercializó a terceros sin haber sido autorizado, sin ser de su propiedad, esos bienes son los derechos de publicidad y mercadeo, que le corresponde a las Águilas”, dijo el viernes Elsa Guillén, abogada del equipo al portal Mega Deportes. “En nuestro derecho eso se llama abuso de bienes sociales”.
Sin embargo, en el entorno de Sánchez aseguran que éste viene con dos demandas contra el club en la persona de su presidente, Adriano Valdez Russo, que llegarán a los tribunales este mes.
Juanchy, a través de su empresa JB Sánchez, mercadeó al equipo por 15 años hasta el curso 2017-2018. Pero el club recibió una atractiva oferta el verano pasado de la empresa Eventos Deportivos del Cibao y en junio de ese año firmó un acuerdo por tres años, que comenzó con la entrega de un millón de dólares.
La familia Busto, que encabeza el ex presidente José Manuel “Pepe”, con alrededor de medio centenar de socios liceístas, estudia las opciones para demandar a la actual directiva por la no inclusión de una serie de miembros que ya adquirieron la mayoría de edad, como lo establecen los estatutos del club.
Una vez el hijo de un socio alcanza los 18 años se convierte en socio con derecho a voz y voto de los Tigres. Al menos otras dos familias presentan quejas similares que estarían contemplando sumarse a la demanda para lo que consultan abogados.
De materializarse la demanda se podría retrasar el proceso de asamblea de socios para elegir la nueva directiva, que está previsto para el mes de junio donde Domingo Pichardo está previsto asumir la presidencia que hoy ocupa Jaime Alsina.