El presidente del Comité Provincial del Partido Acción Liberal PAL en Santiago dijo que los comunitarios de esta ciudad deben sentirse preocupado por las constante denuncias de mal uso de los recursos que administra la alcaldía y que se cuestiona por el incumplimiento de aplicación del presupuesto municipal aprobado con especificaciones de gastos y destino del dinero del municipio.
Domingo Ureña entiende que existen departamentos de controles institucionales que deben asumir su rol cuando el rumor público expone estas denuncias que no son tan alegres y que vienen realizándose hace tiempo. Puso como ejemplo la Cámara de Cuenta, la Contraloría Nacional y la comisión de asuntos municipales de la Cámara de diputados el cual debe actuar en consecuencia en estos casos por vía de un miembro de la cámara.
Si bien es cierto, que la corrupción históricamente siempre ha sido una lacra adherida al ser humano, ahora es la causa que más perjudica la imagen de los ayuntamientos y los distritos municipales por la falta de transparencias en sus ejecutorias en los gastos y cumplimiento del presupuesto. Realmente, no hay una reacción colectiva contra la corrupción administrativa del ayuntamiento y los distritos, ya que no es una cuestión de quien o quienes sino del tiempo que las practicas se vienen realizando.
Domingo Ureña, lamenta que esta práctica dolosa en contra del desarrollo de las comunidades son aquellos representantes de las comunidades (Los regidores) y los partidos políticos que lo representan, que no asumen ningún rol de consecuencia para imponer en la actuación de su representado la ética y la buenas práctica en favor de las comunidades. El cual lo convierten en cómplices de la actuación del alcalde.
Menos mal que parte del sector de la prensa suele destacar los hechos delictivos detectados aunque existan pactos de silencio en el camino, confiando que se instituya una real división de poderes en el seno de los ayuntamientos donde el consejo de regidores asuman su compromiso de ser fiscalizadores y normativos, no que el administrador (El Alcalde o Sindico) asuma el rol de los regidores y lo aprobado en las salas capitulares son letra muerta y por dadivas o miedo los legisladores municipales no dicen nada.
Es evidente la falta de confianza generalizada en el sistema político local, consecuencia del deterioro sufrido por la mala administración de los recursos, y el déficit financiero por los despilfarros y falta de controles. Se necesita una Reforma urgente de la ley 176-07 para implementar un régimen de consecuencia que ponga fin a la mala administración y la corrupción en los gobiernos locales.
Actualmente aunque existen dos organismo que rigen los ayuntamientos ningunas de ella supervisa sus actuaciones, estos son FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana, porque aquí aplica un dicho que reza ”Nadie afila cuchillo, para su garganta” El sistema político pierde legitimidad. Los mejores negocios no dependen de las capacidades de las personas, sino de la influencia que se pueda ejercer sobre los responsables de tomar decisiones en los procesos de compras, contrataciones y pagos.
Domingo Ureña, término analizando un estudio realizado en Santiago sobre el costo social de las acciones realizada por la alcaldía municipal indicando que la corrupción política, económica e institucional es el cáncer que afecta nuestro desarrollo. Lo atestiguan las encuestas de opinión y lo demuestra la realidad con las acciones que realizan los personeros empleados “Policía Municipales” quienes quitan y roban las mercancías de muchos venduteros y asumen posición de miembros de migración, con la particularidad de la extorsión y sustracción de la pertenencias de los ciudadanos haitianos.
El costo social de la corrupción denunciada por la ciudadanía por esta administración en el estudio incluye el impacto sobre la reducción de inversión por los alto costo de los arbitrios, la población que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a la forma albitraria como se ejerce la autoridad y la llamada organización del municipio. Además se resalta la falta de cumplimiento de la construcción de obras aprobada en el presupuesto municipal, sobre valuación de obras, incumplimiento con las obras del presupuesto participativo, y una nómina que sobre pasa el porcentaje del 25% indicado por la ley.