Según el informe de veeduría del Pacto Educativo, la ADP dejó sin clase a las escuelas por casi un mes
Pese a que el cumplimiento del calendario escolar es el único de los 111 compromisos del Pacto Educativo con carácter irrenunciable, este ha sido claramente quebrantado, lo que en términos económicos ha sido cuantificado en RD$9,543 millones en pérdidas, según reveló el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo.
El dato se desprende del tercer informe de veeduría social al Pacto Nacional para la Reforma Educativa presentado el pasado jueves durante la novena asamblea plenaria, el cual detalla que los 23 días de docencia perdidos en el año escolar 2017-2018 por actividades y huelgas convocadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no sólo significaron pérdidas a nivel económico, sino que repercuten negativamente en el desempeño de los estudiantes más pobres que asisten a las escuelas públicas.
El experto compartió con elCaribe otros datos del informe, que este año versó sobre las políticas docentes.
¿A modo de resumen, puede explicarnos cuáles fueron los principales hallazgos en este informe?
El Pacto tiene seis dimensiones para el tratamiento de la política docente, primero la formación inicial, el proceso de selección, la remuneración, la formación continua, la evaluación, retroalimentación y mejora continua, así como la retención y promoción. Hay muy buenos avances en formación inicial de docentes, sobre todo en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu). El desafío es llevar las prácticas del Isfodosu a todo el sistema universitario. El informe pudo constatar que esto no es igual para todas las universidades del país, sobre todo, las que más aportan docentes como la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad del Caribe.
En selección docente hay buenas noticias con la rigurosidad de los concursos pero todavía no se ha erradicado por completo, por las razones que fueren, las asignaciones por contrato. Se ha avanzado, pero hay más por hacer. En cuanto a las remuneraciones, vemos que todos los cargos docentes han mejorado significativamente pero preocupa que en términos absolutos, se incremente más el salario de los cargos de docencia indirecta o administrativa que los de docencia directa, motivo por el cual, un docente de aula, se ve incentivado, hoy más que en el pasado, a alejarse rápidamente del aula aspirando a esos cargos.
El cumplimiento del calendario escolar es la gran materia pendiente del Pacto Educativo porque es el único compromiso de los 111 que es irrenunciable y el único que claramente se ha incumplido con un costo económico que supera los 9,500 millones de pesos y que tiene incluso costos mayores del punto de vista de sus efectos en el desempeño de los estudiantes. Otro aspecto a señalar es que los canales de diálogo entre las autoridades y los sindicatos, a pesar de estar abiertos, no generan efectos en la solución de los conflictos. En cuanto a la evaluación de desempeño, cumple con una aspiración del Estatuto Docente, sin embargo, los resultados de ésta son desalentadores y en algunos territorios del país, como Bahoruco, llaman a la urgente declaración de emergencia educativa.
¿Quiere decir que la aplicación del 4% no ha logrado evitar la pérdida de clase en el sector público?
Es cierto que desde la aplicación del 4% hoy se pierden muchos menos días de clase que en el pasado. En el año 2013, se perdieron 17 de 180 días de clase; en 2014, 19; en 2015, 12; en el 2016, 19 pero en el 2017 hubo 23 jornadas perdidas. O sea, desde el 4% es en el que más clase se ha perdido y hay distritos donde se perdieron 65 días, como es el caso de San Juan Este. El costo que tuvo el no dictado de clases, en el año 2016-2017 significó casi 8 mil millones de pesos, pero en este último año del calendario escolar aumentó a más de 9,500 millones de pérdidas, porque el Ministerio de Educación está pagándole a alguien que tiene que ir a trabajar y simplemente no va. La comida que se le pagó a un proveedor se echó a perder; la energía que se prendió y no había nadie para disfrutarla. O sea, todo el costo del funcionamiento del sistema de esos días, representa 9,500 millones. Lo gravísimo es que en el año 2016-2017 había 23 distritos con 20 días o más perdidos, pero en el año que acabó hubo 70 distritos que perdieron 20 días o más en un calendario escolar con menos de 200 días. Es decir, más del 10% se está perdiendo por distintas razones, en su mayoría por actividades del sindicato y las huelgas que se hacen en horario escolar.
¿Qué recomendaciones hacen a la ADP y al Ministerio de Educación?
Durante la presentación del informe exhortamos al sindicato a que busque estrategias alternativas de lucha para ejercer su legítimo derecho a la protesta y al reclamo, porque creemos que no se puede vulnerar un derecho para proteger a otro. Se está perjudicando a los más pobres, a los que van a la escuela pública.
El país debe tomar conciencia del impacto que tiene un día de pérdida de clase, mucho más en distritos como el de San Juan Este, donde se perdieron 65 días. Desde las organizaciones del Comité de Veeduría también exhortamos al propio Ministerio de Educación a buscar los canales de diálogo, porque ese es otro compromiso del Pacto. Vemos que hay mesas de diálogo, los actores se encuentran, pero no se generan los acuerdos. Ese espacio es poco efectivo. Estamos seguros que no es la vocación de la ADP, perjudicar a las familias que menos tienen, es simplemente un efecto colateral que no se está dimensionando con la magnitud que tiene y creemos que este dato que pusimos en la mesa del Pacto por la Reforma Educativa puede ayudar a crear conciencia y a buscar una solución. El rol del educador es fundamental y eso hay que cruzarlo con la evaluación de desempeño que se presentó en el Consejo Nacional de Educación, en el cual se demuestra que sólo el 3% de los educadores tiene un desempeño de excelencia y en distritos como Tamayo, el 95.5% de los maestros tuvo insuficiente. En Bahoruco todos los distritos están por encima del 90% de profesores en insuficiente. Es una provincia en emergencia educativa.
¿Cuál otro aspecto consideran preocupante en la política docente?
El fortalecimiento de la práctica docente. A pesar de que hay una normativa del Ministerio de Educación Superior hemos encontrado que estas prácticas no son realizadas por todos los estudiantes. A mí me gusta siempre usar un ejemplo muy gráfico.
Yo siempre digo que ninguno de nosotros se dejaría intervenir quirúrgicamente por un cirujano que nunca practicó una cirugía en un quirófano. Sin embargo, se le están dando los cerebros de nuestros niños, que es lo más delicado, y no un paciente, se le dan 30, 35 niños al mismo tiempo. La práctica docente en los sistemas educativos donde funciona bien, se hace desde el primer día de la formación. La docencia no puede estar al margen de la práctica, y ese es un tema en el que todavía hay mucho por hacer.
