SANTO DOMINGO. Desde antes de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitara la designación de un juez de la Instrucción Especial para conocer el caso Odebrecht, la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema, Miriam Germán Brito, fijó posición.
La magistrada, caracterizada por enviar cartas a sus superiores, pares e incluso, al expresidente de la República, Joaquín Balaguer, planteando sus puntos de vista sobre una determinada situación o proceso, ha sido crítica tanto del accionar del Ministerio Público como del presidente de la Suprema, Mariano Germán, y del juez Francisco Ortega Polanco.
En una carta remitida el 23 de mayo del 2017 a Mariano Germán, la presidenta de la Sala Penal pidió no ser tomada en cuenta en cualquier proceso relacionado con el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, luego de que desde horas de la mañana se difundiera en las redes sociales un rumor sobre un alegado encuentro que ella sostuvo con el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, hoy imputado en el caso.
El 6 de junio de ese mismo año, la magistrada dijo que se apresuró y cometió un error al solicitar no ser tomada en cuenta para el caso e indicó que su amistad con uno de los imputados no influirá en su decisión. Preguntó a los representantes de la Procuraduría General de la República y a los imputados si tenían algún inconveniente en que ella conociera junto a sus compañeros el recurso de apelación interpuesto a la prisión y otros tipos de medida de coerción que les impuso Ortega Polanco a Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Andrés Bautista, Temístocles Montás, César Sánchez, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
Luego de conocer los argumentos de los imputados y del Ministerio Público, Miriam Germán dijo que le preocupaba la suerte de ese expediente porque no contenía afirmaciones tajantes y precisas.
“En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”, afirmó en un voto disidente.
Esos comentarios generaron una serie de reacciones de la Procuraduría y de otros actores del sistema.
Miriam Germán volvió a ser el centro de atención a principio del mes de julio de este año cuando remitió una carta al presidente de la Suprema para exigirle una respuesta ante lo que ella califica como un irrespeto del Ministerio Público al decir en rueda de prensa que la recusación que hicieron los imputados del caso Odebrecht al juez Francisco Ortega era para buscar jueces favorables a los intereses de los procesados.
La jueza también le envió una carta al procurador Rodríguez para decirle que “sus insultos por encargo” pueden ser tomados como “temores y falencias”.
Con el voto disidente de Germán Brito, el Pleno rechazó la inhibición y primera recusación al magistrado Ortega. Luego de ese proceso, en otras dos ocasiones fue recusado el juez de la instrucción especial por considerar los imputados que él es parcial, está prejuzgado y no garantiza sus derechos de defensa.
Todas las recusaciones y objeciones a la permanencia de Ortega Polanco en el caso han sido rechazadas por el Pleno con el voto disidente de Miriam Germán, quien el pasado jueves dijo que el juez sí está parcializado en el proceso seguido a Rondón Rijo, Víctor Díaz, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Jesús –Chú- Vásquez Martínez, este último incluido en el expediente cuando se presentó la solicitud de apertura a juicio. Se espera que en las próximas horas, Francisco Ortega convoque a la audiencia preliminar.