SANTO DOMINGO. A lo interno de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2019 se han hecho observaciones y cuestionamientos a varios de los artículos que componen la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, entre los que sobresale el que tiene que ver con el levantamiento a la prohibición de instalación de nuevas bancas de lotería que contempla la Ley 139-11.
En esta norma, aprobada en 2011, se estableció que el Estado no autorizaría nuevas bancas de apuestas en deportes ni loterías por un período de diez años. Mientras que el proyecto de Presupuesto del 2019 prevé el levantamiento de dicho veto para aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos a educación.
El senador peledeísta por Pedernales, Dionis Sánchez, quien preside la comisión, explicó que una de las observaciones que han hecho los legisladores es que ya el Presupuesto plantea una cantidad que se destinaría al sector educación, por lo que se ha cuestionado la búsqueda de estos fondos adicionales.
“No se concibe que de esto que no se ha estructurado y no se ha cuantificado también se hable que se va para educación”, precisó el senador Sánchez, sobre las observaciones que han surgido en la comisión acerca del artículo 21 del Presupuesto que dispone el levantamiento de la prohibición a la apertura de nuevas bancas para aumentar los recursos al sector de educación.
La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal, pidió suprimir el artículo 21 y en cambio planteó que se comience a identificar las bancas ilegales y multar a los propietarios y someterlos a la ley de lavado.
Consideró “contraproducente” recabar fondos para la educación a través de la proliferación de los juegos de azar. “Es terrible decirnos a nosotros que van a mandar a la gente a jugar”. En el país operan 30,750 bancas legales (154 bancas por escuela), pero con las que operan de manera ilegal se podría superar las 100 mil bancas.
El diputado perremeísta Wellington Arnaud pidió a la comisión que estudia el Presupuesto hacer un proceso de vistas públicas e invitar a ministros y otros legisladores para tratar temas que son competencia de sus respectivas áreas. Criticó que sean apenas 10 senadores y 9 diputados los que tengan la decisión sobre los recursos que corresponden a todos.