SANTO DOMINGO. El exgerente de la Constructora Norberto Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, debería ser el testigo ideal o clave de la Procuraduría General de la República para demostrar en un posible juicio público, oral y contradictorio, las maniobras y mecanismos mediante los cuales sobornó a funcionarios dominicanos para que le adjudicaran 18 obras públicas.
Vasconcelos Cruz, debería, entre otras cosas, explicar cómo operaban los sobornos en República Dominicana ya que los contratos de representación y consultoría firmados con Ángel Rondón Rijo y sus empresas Arma, Lashan Corp, Conamsa Internacional y Consultores y Contratistas (Conamsa) en 2001, 2002, 2004 y 2010, establecen en su artículo cuatro que “no confiere al consultor facultades de representación legal para firmar contratos, ni asumir compromisos de ningún orden a nombre de la contratante”.
En las delaciones que remitió el Ministerio Público de Brasil a la Procuraduría General de la República Dominicana, Vasconcelos Cruz, detalla que 15 de las 18 obras adjudicadas fueron sometidas al Congreso Nacional. “En ese contexto, en más de una ocasión entiendo haber tenido una interacción con Ángel junto a los miembros integrantes de las comisiones de finanzas para los detalles de esa instancia de aprobación de los contratos. Al asumir los pagos a Ángel, por ende, asumí también el riesgo de que tales valores fueren destinados a agentes públicos”, refirió.
Comunicaciones entre Marco Vasconcelos y Rondón Rijo del 16 de mayo del 2007 al 3 de junio del 2014, a los que tuvo acceso Diario Libre, revelan las autorizaciones de desembolso por las gestiones de consultoría, mismas que deberían ser debatidas entre el emisario, el receptor y los demás imputados por los US$92 millones que admitió pagar Odebrecht en soborno, ya que Ángel Rondón afirma que los pagos que le hicieron fueron por sus servicios, “no para sobornar a nadie”.
Según la acusación del Ministerio Público, la empresa Brasileña transfirió del 1 de abril del 2003 al 13 de enero del 2015, un total de 136 millones 507 mil 159 dólares con dos centavos, de los cuales US$25,134,477 fueron transferidos a Comansa entre el 26 de febrero del 2014 y 13 de enero del 2015.
Además de la comunicación donde Vasconcelos Cruz le confirma al entonces enlace comercial la autorización para el pago de 20,407,474.05, equivalente al 1% del monto del contrato del Proyecto Planta Termoeléctrica Punta Catalina por sus gestiones como consultor, Diario Libre mostrará a continuación otras misivas intercambiadas entre ambos.
El 16 de mayo del 2007, el exgerente de Odebrecht en RD remite una carta a Lashan Corp en la que emite una orden para confirmación de los pagos por concepto de remuneración dispuesta en el contrato de referencia.
“Según lo tratado en las diferentes reuniones de coordinación llevadas a cabo, le confirmamos que la situación actual de los financiamientos externos concertados por el actual Gobierno, permitirán un flujo de desembolsos continuo que garantizará el avance normal de los proyectos contratados; y, por ende, nos permitirá, a partir del próximo mes de agosto, realizar los pagos a su representada”, concluye el documento.
Rondón Rijo pidió, el 21 de mayo de ese mismo año, que “los pagos correspondientes a los contratos de consultoría de fecha 30/07/2002 y 28/10/2004, como resultado de los avances logrados en los proyectos: Hidroeléctrica Pinalito, Construcción y Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Hidroeléctrica Palomino y Acueducto Samaná”, sean abonados directamente en una cuenta del Banco Continental de Panamá a nombre de Lashan.
El 27 de agosto del 2008 Vasconcelos confirmó que por haber realizado sus actividades conforme lo previsto en el contrato de consultoría, se autoriza pagarle US$5,445,386.73, equivalente al 2% del monto del contrato del Proyecto Autopista del Coral.
“Agradecemos que los pagos que se realicen contra este monto sean abonados directamente en la cuenta del Banco BSI Overseas (Bahamas) Limited, a nombre de la empresa Lashan Corp”, respondió Ángel Rondón.
Por sus labores de consultoría para el proyecto Corredor Duarte, adjudicado por un monto de tres millones 2747 mil 810 dólares con 83 centavos, Marco Vasconcelos, ordena pagarle el 5 de mayo del 2009, la suma de US$3,277,810.83. Rondón pidió que esos fondos le sean desembolsados en Banco BSI Overseas (Bahamas) Limited.
El pago de 924 mil 097 dólares con 09 centavos fue autorizado el 3 de noviembre del 2009 por las gestiones para el Proyecto Carretera Casabito-Constanza, adjudicada por un monto de US$46,204,854.55, en tanto que el 22 de julio de 2010 en atención a su contrato de consultoría para la Carretera Bávaro/Miches/Sabana de la Mar, Vasconcelos Cruz autorizó pagarle cinco millones, 306 mil 986 dólares con 30 centavos. El beneficiario de dichos recursos autorizó a depositarlo en su cuenta en la Bahamas.
“Nos dirigimos a usted en atención al contrato de consultoría de la referencia, a fin de comunicarle que en fecha 15/03/2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y nuestra empresa suscribieron el contrato de Construcción del Proyecto Ecovía de Santiago, por un monto de US$295,570,112.01”, dice la carta del 22 de marzo del 2012.
“En consecuencia, habiendo realizado sus actividades conforme lo previsto en el citado contrato de consultoría y en atención a lo dispuesto en el artículo quinto del mismo, mediante el presente documento emitimos la presente orden de proceder para confirmación del pago de la suma de US$5,911,402.24, equivalente al 2% del monto del contrato”, señala Marco Cruz.
Ángel Rondón, autorizó desembolsar esos pagos en la cuenta del Meinl Bank.
Por la adjudicación del proyecto Boulevard Turístico del Este el 30 de abril del 2012 por un monto de 90 millones 917 mil 078 dólares con 91 centavos, Odebrecht le confirmó, el 7 de mayo del 2012 a su entonces enlace comercial, el pago de US$1,818,341.58, equivalente al 2% del monto total de la obra.
El 3 de diciembre de 2012, Marco Vasconcelos le remitió una carta a Rondón Rijo, confirmando que por haber realizado sus actividades conforme a lo previsto, le será pagado US$1,643,815.71 correspondiente al 2% del proyecto Circunvalación San Pedro de Macorís y Carretera San Pedro de Macorís/La Romana, firmado el 26 de noviembre del 2012.
Ayer los abogados de los imputados en ese caso de corrupción comenzaron a presentarse a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia para recibir las pruebas que la Procuraduría General tiene en su poder para sustentar su acusación. Entre los que acudieron a la Suprema Corte ayer figuran los representantes de Conrado Pitaluga, Ángel Rondón y Jesús (Chu) Vásquez. Estas pruebas fueron depositadas por la Procuraduría en la Secretaría General en cumplimiento de la decisión del juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, durante la audiencia preliminar que fue aplazada para el martes 21 del presente mes.