Las posibilidades de adoptar medidas que permitan mejorar la economía en República Dominicana son prácticamente nulas. Y es que la clase política está desde ya enfocada en el proceso electoral del 2020, por lo que las expectativas de reformas no son muy halagüeñas.
En ese contexto, existe una parálisis que se extenderá por los próximos dos años.
Al analizar la situación económica del país, Apolinar Veloz, Ernesto Selman y Pavel Isa abordaron también los efectos de la corrupción y el clientelismo.
Durante su participación en el encuentro semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, los reconocidos economistas advirtieron sobre las consecuencias funestas de no adoptar medidas que permitan controlar el gasto público.
Según explicaron, gran parte del gasto está comprometido en el sector eléctrico, el 4 por ciento para la educación “y encima de esto, está una demanda clientelar muy fuerte”.
“La República Dominicana requiere de reformas institucionales que reduzcan la incidencia de la corrupción y eliminen la impunidad, para apuntalar a un mejor desenvolvimiento político y económico”, precisó Selman.
En adición, agregó, se requieren reformas para reducir las barreras a la inversión, la producción y la generación de empleos formales.
Asimismo, entiende que una agenda realmente reformadora también requeriría una serie de cambios y transformaciones para reducir los costos de vivir y hacer negocios en el país.
De su lado, Pavel Isa agregó que si no se produce un fortalecimiento de las capacidades humanas no habrá forma, ni posibilidad de competir. “La gente es la que produce, ya sea de manera individual (emprendedores) o colectiva”, precisó.
Destacó la importancia de capacitar, en especial, en materia de salud y educación.
“El mayor lastre que arrastra la sociedad dominicana es el problema de salud. Es un verdadero drama. Menos del 2 por ciento el PIB es destinado a salud. Los protocolos de atención no se cumplen y los centros hospitalarios están sub-equipados, no hay disciplina de trabajo. Un trabajo fundamental debe ser la reorientación del trabajo social hacia servicios universales de alta capacidad”, recalcó.
Según explicó por un lado están las ARS y, por el otro los proveedores, que se “chupan gran parte del pastel del financiamiento”, mientras los usuarios no tienen quien los defienda.
En tanto, Apolinar Veloz dijo que no es posible implementar ninguna política de desarrollo económico, sin antes resolver los problemas, a corto plazo, de política fiscal.
Asimismo, favorece un cambio en la mentalidad de la clase política.
