Por Nelson Encarnación
El ministro del Interior, licenciado José Ramón Fadul, volvió a despertar las expectativas que se renuevan frecuentemente en torno a la necesidad de que se emprenda un real desarme de la población civil, un elemento que estaría llamado a surtir efectos en la reducción de la criminalidad y la violencia.
Este aspecto ha sido una preocupación constante de todos los sectores de la vida nacional, golpeados por la realidad de que un elevadísimo porcentaje de la población dominicana ha sido tocada, directamente o en forma indirecta, por algún hecho delictivo.
No sería exagerado decir que la población completa de este país ha sufrido alguna acción delictiva, un familiar o conoce a alguien que ha sido víctima de los delincuentes. Es decir, que nadie ha podido escapar, ni siquiera la familia presidencial, si nos remontamos a un par de años cuando un maleante recién salido de la cárcel, mató a una joven oficial que estaba al servicio de la seguridad de una de las hijas del presidente Danilo Medina.
Recordamos la reacción del jefe del Estado cuando acudió a una funeraria a solidarizarse con la familia de la oficial. Sin ocultar su indignación, mezclada con el pesar, el Presidente preguntó cómo era posible que un delincuente que se suponía estaba en prisión, pudo salir y cometer ese asesinato.
Hemos referido lo anterior para enfatizar sobre la preocupación que generan los hechos delictivos en la colectividad dominicana y para reforzar el criterio generalizado de que se impone el desarme de la población civil.
Y es aquí donde surge la gran interrogante que carece de respuesta objetiva: ¿Cuál es la población civil que se procurará desarmar. A los delincuentes o a las personas que por tener sus armas legalmente registradas son fácilmente localizables por las autoridades? Es obvio que estamos en presencia de un gran embrollo.
Los delincuentes tienen varias formas igualmente delictivas de hacerse de las armas que utilizan para dañar a la gente decente y de trabajo en nuestro país. Y tienen también los mecanismos para ocultar esas armas y escabullirse de las acciones del Estado.
En primer lugar, está el ingreso ilegal de armas de fuego a través de la frontera terrestre, las cuales caen en manos de los delincuentes con una facilidad que asombra.
La otra vía es el despojo de las armas que portan los oficiales de la ley, muchos de los cuales han resultado victimados por los asaltantes, al igual que comerciantes, hacendados y otras personas de trabajo.
Estamos en condiciones de afirmar que pasar del discurso televisivo a acciones concretas es una intrincada realidad que ni el ministro Fadul ni el jefe de la Policía Nacional pueden soslayar.