SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República inició la persecución penal de once personas, entre ellas funcionarios, empresarios y exfuncionarios que están acusados de formar una asociación de malhechores para estafar a más de 63,000 ciudadanos con la venta fraudulenta de los terrenos de Los Tres Brazos.
Hasta ayer la Procuraduría tenía bajo arresto a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), institución que había vendido a una empresa privada tres parcelas de Los Tres Brazos, en donde en ese momento habían 17,300 viviendas ocupadas desde hace años.
También fue puesto bajo arresto el abogado, Irving José Cruz, luego de haberse presentado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El empresario José Enrique de Pool Dominici fue uno de los que se puso a disposición del Pepca, y también quedó detenido anoche.
Cruz era el consultor jurídico de CORDE y según la Procuraduría, formó parte del entramado; en tanto que Pool Dominici es principal accionista de la empresa Titulatec, compañía que alegadamente se dedicaba a cobrarle los terrenos a los ocupantes bajo el alegato de que le proveerían un título definitivo.
La imputada Ynés Gómez Williams, principal accionista y representante de la empresa Proyecciones Inmobiliarias GOWI, también se puso ayer a disposición de las autoridades.
De acuerdo con la investigación será sometida la actual directora nacional de Registros de Títulos, Rosabel Castillo, cuyo papel supuestamente consistió en evitar que la venta de los terrenos del Estado pasara por el Congreso, para lo cual registró la transferencia de los terrenos públicos como si fueran de empresas privadas.
Por este caso de corrupción están siendo perseguidos por las autoridades judiciales Manuel Aybar Ferrando; ex gerente inmobiliario de CORDE; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA, que forma parte del presunto fraude, así como también los agrimensores imputados Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
La primera etapa del presunto fraude corresponde a la venta de los terrenos del Estado. Según explicó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en esa parte el ex director de CORDE, Leoncio Almánzar, además de Irving Cruz y Manuel Aybar Ferrando, alegadamente se confabularon con Ynés Gómez Williams, de la empresa Proyecciones Inmobiliarias GOWI, para vender los terrenos públicos de Los Tres Brazos.
Supuestamente Inmobiliaria GOWI se hizo pasar como una compañía únicamente interesada en participar en la regularización de los terrenos del sector Los Tres Brazos para su posterior venta a sus ocupantes.
Aunque la Procuraduría asegura que la verdadera intención de estos imputados fue “realizar un plan de venta completa de los terrenos de ese sector, a precios muy por debajo de su valor real”.
Para tener una idea, una de las parcelas que había sido tasada en 2016 por la DGII en 85 millones de pesos, fue vendida a través Proyecciones Inmobiliarias GOWI, en 4 millones de pesos, es decir, veinte veces por debajo de su valor de mercado, de acuerdo con los detalles revelados por el procurador en conferencia de prensa.
La acusación del Ministerio Público establece que durante las negociaciones, Ynés Gómez se aseguró de que la venta se hiciera a la empresa INFEPA, propiedad de sus hermanos, los imputados Carlos Aris y Julio César Gómez Williams, en la que también participaba el imputado Domingo Lebrón. La segunda etapa del fraude corresponde al falseamiento de registros y el registro irregular de la transferencia en la que intervino Rosabel Castillo con la complicidad de los funcionarios de CORDE.
La tercera etapa de esta trama contra el Estado dominicano se desarrolló durante el proceso de deslinde y subdivisión de los terrenos de la parcela 153-A-2, en la que intervinieron de forma directa los agrimensores Ana Antonia Ozuna y Hadonis Ruiz, quienes según la Procuraduría, en el ejercicio de sus funciones incurrieron en perjurio y falsedad en los trabajos de mensura que presentaron ante la Jurisdicción Inmobiliaria, dice la acusación.
Una vez completada esta parte del fraude, se desarrolló una cuarta y última etapa, que corresponde a la reventa de los inmuebles.
Aquí intervienen la compañía Titulatec, y su accionista y representante, el imputado José de Pool Dominici, además de otras sociedades comerciales que se encuentran bajo investigación.
Moradores de Los Tres Brazos se reunieron la tarde de ayer en la explanada de la Procuraduría General de la República, donde expresaron su apoyo al procurador general, Jean Alain Rodríguez. Milciades Geraldo, del Comité de Lucha por Los Tres Brazos, dijo que estarán pendientes del proceso judicial, que entró hoy a una nueva fase con el apresamiento de los imputados. Dijo que no descansarán hasta que todos los responsables de robarles la tranquilidad a los moradores del referido sector estén en la cárcel con las condenas que conllevan sus faltas. El grupo lanzó consignas en contra de la corrupción y pidieron cárcel para los imputados.