SANTO DOMINGO. El proyecto de ley modificado sobre Manejo de Residuos Sólidos en la República Dominicana aprobado de urgencia en primera lectura por la Cámara de Diputados la semana pasada, crea un impuesto de 0,20% aplicable a la producción nacional y a las importaciones.
El artículo 39 de la iniciativa crea el Gravamen Verde definido como un “impuesto selectivo al consumo de bienes finales, bienes intermedios e insumos que generen residuos sólidos, a los fines de remediar el impacto sobre la salud y el medio ambiente, así como la promoción de la valorización de los residuos sólidos”.
Estarán exentos de pagar dicho impuesto, el petróleo y sus derivados, gas natural, medicamentos, productos agropecuarios en su primer proceso de ingreso a la cadena de productiva nacional y las importaciones realizadas bajo el régimen de zonas francas industriales de exportación con residuos devueltos.
En el segundo párrafo del artículo se establece que los montos de gravamen por partida arancelaria, la modalidad de liquidación y pago, los requisitos de exoneración y cualquier otro aspecto no especificado en la ley, quedarán regulado mediante un reglamento.
El proyecto que debe conocerse en la sesión de la CP de este martes, luego de que el miércoles pasado fue remitido con plazo fijo a la comisión de Medio Ambiente que preside el diputado Francisco Matos, crea además un fideicomiso para la gestión integral de los Residuos Sólidos que se financiará con el Gravamen Verde.
El Ministerio de Hacienda colectará el Gravamen Verde y lo transferirá en su totalidad, vía la Tesorería Nacional, al fideicomiso que estará adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero que será administrado por un Consejo Directivo.
Dicho consejo está integrado por los ministerios de Medio Ambiente y Hacienda, la Liga Municipal Dominicana, un representante municipal, un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y dos representantes de sectores definidos por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
El proyecto de ley es una iniciativa de los diputados David Herrera Díaz, Santo Ramírez Bethancourt y Ana Mercedes Rodríguez.
El proyecto de ley también crea un Bono Verde como instrumento de financiamiento de las operaciones de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, la clausura de los sitios de disposición final a cielo abierto, y estimular la promoción de la valorización de los residuos sólidos.
En el artículo 43 de la pieza legislativa se establece que “se podrá recibir aportes voluntarios al Bono Verde, vía aportaciones directas no vía gravamen, procedentes de programas empresariales de responsabilidad ambiental o similar, así como asignaciones adicionales de cualquier entidad pública del Estado dominicano”.
La iniciativa también crea un régimen de incentivo para las personas físicas o jurídicas que realicen la instalación de plantas de aprovechamiento con recursos propios o a propio riesgo, plantas de reciclaje, infraestructura de disposición final, tratamiento y coprocesamiento de residuos.