Por Elexido Paula
Diferente a otros países con mayores niveles de desarrollo económico, los centros de salud pública u hospitales, en donde acuden todas las clases sociales no importando su estatus económico, sin embargo, aquí en nuestro país esos mismos centros de sanidad pública son para los ciudadanos de menor nivel económico, es decir, los marginados, excluidos sociales, en definitiva, los pobres.
Afianzando lo anteriormente expresado, según el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2013, el 86% de las muertes maternas en la República Dominicana ocurren en maternidades y hospitales públicos, que son los centros donde asiste la población más vulnerable y de más bajo nivel socioeconómico. Eso significa, en otras palabras, que ser pobre eleva el riesgo de morir en la gestación y el parto.
La falta de recursos humanos competentes, de equipos médicos especializados y de infraestructuras adecuadas son factores que influyen poderosamente en la alta mortalidad infantil que registra el país y, que se ha convertido en una vergüenza nacional en los últimos años, sin que las autoridades gubernamentales tomen medidas drásticas que contrarreste las vergonzantes tazas de mortalidad materna, infantil y neonatal.
En un trabajo de investigación periodístico de salud, del periódico Hoy del día 2 de mayo, pág. 7A la periodista Altagracia Ortiz G. dice: “las muertes de los 7 bebes en el hospital Jaime Mota de Barahona se debieron a una baja aplicación de los protocolos neonatales oficializados por el Ministerio de Salud, la falta de médicos especialistas las 24 horas del día, la ausencia de equipamiento en las áreas de atención neonatal y debilidades en el laboratorio clínico y el departamento de imágenes”. Esas muertes en el Jaime Mota evidencian de manera categórica las múltiples fallas de nuestro sistema de salud.
Además de la pobreza, la negligencia del personal de enfermería y de residentes es la otra cara de la mortalidad materna. En una investigación realizada por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) realizada entre enero del 2013 y octubre 2014 revela que: “las gestantes se exponen a diversas manifestaciones de negligencia, violencia obstétrica, postergación o delegación de atención y falta de seguimiento y acompañamiento por parte del personal de salud antes y durante la labor de parto, que impiden identificar oportunamente las situaciones de riesgo que pudieran comprometer sus vidas y las de sus bebes”.
El año 2017 cerró con 188 mujeres fallecidas según estadísticas de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, cifra mayor que la del 2016, cuando se reportaron 177 decesos, en su mayoría por causas evitables. Esa misma investigación documentó carencias de medicamentos, insumos y equipos; falta de guantes, soluciones, lubricantes y medicamentos.
Como constatamos en estas investigaciones, no basta con construir instalaciones, inaugurar edificios o plantas físicas que alojen enfermos, bajo estos lamentables niveles de deshumanización en los servicios de salud. Es que todo el que acude a estos centros ve expresado un deterioro en la calidad del servicio brindado.
El descalabro del sistema de salud es tal, que la directora de la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA), Nélsida Marmolejos alzó su voz diciendo que tendría que cerrar oficinas, debido al bajo presupuesto que tiene asignado, esto afectaría sensiblemente a los usuarios del seguro familiar de salud y todo el sistema.
La Sociedad Dominicana de Pediatría y el Colegio Médico Dominicano cuestionaron las condiciones en que se encuentran los tres principales hospitales de Santiago: Cabral & Báez, el Infantil Arturo Grullón y el Presidente Estrella Ureña, se lamentaron que, a seis años de reclamar un tomógrafo, no se haya instalado por falta de un UPS. El doctor Fulgencio Severino afirmó que en la maternidad San Lorenzo de los Mina, recientemente remodelada, hay un sólo cardiólogo, que es él, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio a las parturientas.
Para que el sistema de salud no llegue a la desintegración y al colapso total, se hace necesario que el gobierno central incremente significativamente su inversión y que la partida presupuestaria alcance el 4% para el año 2019 e implementar de manera efectiva la Ley 87-01 de seguridad social y que esta sea modificada lo antes posible; además actuar con firmeza contra las ARS, que siguen yugulando a sus afiliados económicamente, pero cuyos servicios son muy críticos, deficientes y caros. Después de Haití y Honduras este es el país con el gasto Estatal más bajo en el sector salud. En definitiva, el modelo de atención de salud de nuestro país está basado en carencias e inequidades. Es un sistema de salud enfermo de cuerpo entero.