SANTO DOMINGO. El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste solicitó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Santo Domingo Oeste y otros tres oficiales más vinculados a la sustracción de RD$1 millón 500 mil en efectivo a la comerciante Aura Burgos, en Los Alcarrizos.
El expediente, con la solicitud de la medida de coerción hecha por la fiscal titular de esa demarcación, Rosalba Ramos, en representación del Ministerio Público, establece que los oficiales implicados en este hecho son el coronel Francisco Radhamés Vargas Ureña, encargado dela Dicrim en Santo Domingo Oeste; el teniente coronel Santiago Sánchez Gálvez, el capitán Martín Madé Lara y el segundo teniente Ormandis Onésimo Alcántara Castillo, asignados también a esa unidad investigativa.
Una comunicación de prensa de la Procuraduría informa que la solicitud de la medida de coerción fue hecha a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. El conocimiento a la solicitud está programada para antes del mediodía de este jueves.
La información indica, respecto al caso, que luego que los policías recibieron la denuncia del robo, procedieron a realizar un allanamiento ilegal el pasado 7 de junio del 2018 en la vivienda del presunto autor material del robo, Fernando de la Rosa, a quien se acusa de sustraer la indicada suma de RD$1, 500,000 de la residencia de la víctima, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.
La instancia con la solicitud del Ministerio Público narra que los oficiales una vez se presentaron en la vivienda del imputado Fernando de la Rosa, quien cumple tres meses de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por su vinculación al robo, procedieron a presionarlo para que éste indicara dónde se encontraba el dinero sustraído.
Agrega que los policías hoy imputados reportaron a la Fiscalía de esta demarcación una supuesta entrega voluntaria de RD$329,500.00 en efectivo, sustrayendo la suma de RD$1,170,500.00, los cuales se habrían repartido entre los imputados Francisco Radhamés Vargas Ureña, Santiago Sánchez Gálvez, Madé Lara y Ormandis Onésimo Alcántara Castillo.
Mediante un parte de prensa, el Ministerio Público informó que cuenta con diferentes elementos probatorios para demostrar en los tribunales la responsabilidad penal de los imputados en este hecho ilícito.
El abogado Evangelista Acevedo, defensor de uno de los acusados, asegura que los oficiales no están acusados de robo sino de la forma en la que actuaron para realizar el allanamiento.
“Ellos han actuado como policías investigadores y las acciones de ellos estuvieron enmarcadas a lo que acostumbran hacer los investigadores y sobre todo ellos estaban autorizados por el Ministerio Público (…) la acusación básica que hace el Ministerio Público es un supuesto mal proceder de los policías en relación al proceso”, dijo.
Afirma que el Ministerio Público entiende que los oficiales “actuaron de manera incorrecta en cuanto al proceso”. No obstante, aseguró que durante el allanamiento había un fiscal y que lo darán a conocer próximamente.