Las declaraciones ante el fiscal, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, documentan la relación del hermano del expresidente con el grupo de Los 12 apóstoles
Amenazas a la población, vejaciones, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano de Álvaro, expresidente de Colombia. Las declaraciones ante el fiscal de tres exempleados de la hacienda ganadera La Carolina, que en los noventa era propiedad de esa familia, señalan a la finca, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos (a unos 80 kilómetros al norte de Medellín), como base de operaciones del grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles, activo durante esa década.
Los testimonios, recabados el pasado 31 de mayo, confirman los vínculos de Santiago Uribe, procesado por haber constituido supuestamente esa organización, con el jefe de sicarios de la banda, Jorge Alberto Osorio Rojas, alias El Mono de los Llanos y Rodrigo. EL PAÍS ha tenido acceso a las grabaciones de esos antiguos trabajadores, cuyos nombres fueron proporcionados a la justicia por el propio acusado. Este negó en enero, durante el último juicio en su contra (lleva dos décadas respondiendo ante la justicia), todo tipo de lazos con sus cabecillas y dos meses después salió de la guarnición militar donde permanecía recluido desde 2016. Se encuentra ahora a la espera de la próxima vista del proceso, que puede reanudarse a finales de julio.
El relato de los empleados, que trabajaron en la hacienda durante largos períodos, describe algunas actividades de Los 12 apóstoles y, sobre todo, documenta la cercanía entre El Mono, hoy en busca y captura, y Santiago Uribe. “Eran muy íntimos” y su trato era “muy amistoso”, llega a afirmar M. T. M., uno de los testigos, de quienes se reproducen solo las iniciales por razones de seguridad. Este hombre empezó a cuidar ganado a los siete años en distintas explotaciones del departamento de Antioquia hasta que en 1982 recaló en La Carolina, donde permaneció casi dos décadas. Aunque pertenecen a generaciones distintas, su historia es parecida a la de J. L. R., que entró en la finca con su familia a los 12 años, la dejó y regresó con 33, entre 1995 y 1996.
La defensa de Uribe siempre ha argumentado, y por el momento con éxito, que los testigos presentados por la acusación particular, la ONG Comisión Justicia y Paz, y la Fiscalía son “falsos” o que han recibido dinero. Cuando no lo ha convertido en una batalla política contra su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, que en la época en la que sucedieron los hechos era senador (1986-1994) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) .
Uribe es ahora senador -fue el más votado en las elecciones legislativas de marzo- y apoya la candidatura de Iván Duque, que el domingo se disputa la presidencia con el izquierdista Gustavo Petro. Siempre se mantuvo en la primera línea de la política, liderando la oposición a los acuerdos de paz con las FARC alcanzados por el actual mandatario, Juan Manuel Santos, y alentando la indignación de parte de la sociedad colombiana ante la desmovilización de la antigua guerrilla y el sistema de reparación a las víctimas. Sus adversarios sostienen que su negativa a retirarse responde a sus temores de perder influencia y enfrentarse a la justicia como un ciudadano más.
“Rodrigo y don Santiago”
“El administrador era Carlos Serna”, declara este empleado. Se refiere a Carlos Enrique Serna Areiza. Desde 1994 fue mayordomo de ese terreno, según quedó registrado durante el juicio contra Santiago Uribe. Durante el proceso, el gerente confirmó que presenció un asesinato dentro del recinto, aunque siempre desvinculó a su jefe de cualquier actividad ilegal.
Las declaraciones de estos trabajadores apuntan en la dirección contraria. J. L. R. asegura que tanto el paramilitar Rodrigo como el hermano del expresidente portaban armas, pero el dueño de la hacienda “la llevaba tapada con una toalla”. Describe un revólver o una pistola, armas cortas, pero no detalla de qué tipo. “Hacían eso por las malas informaciones que había por ahí: La Carolina estaba amenazada por la guerrilla”.
“Rodrigo llegaba siempre antes que don Santiago. Luego salían juntos a caballo”, dice. M. T. M. se refiere, además, a “negocios entre ambos”, sin precisar. “¿Quién le daba órdenes?”, le pregunta el fiscal. “Don Santiago”. “¿Alguien más?”, insiste. “No”. El lugar de encuentro de los dos, según la exposición de los testigos, era una casa dentro de la finca que se llama La Mayoría y sus alrededores.
Los trabajadores explican que, aunque este grupo estaba en La Carolina, era habitual que se movieran por los caminos de la zona y que entraran a otras propiedades aledañas. “Llegaban por la carretera y paraban a la gente”, asegura uno de ellos. “Un man [sic] me contó que cuando iba en una buseta, le bajaron y le apuntaron con un arma. Eso hacían. Pasaba gente por la carretera, les quitaban la ropa. Protegían a Santiago”.
Estos operativos estaban al cargo de El Mono -descrito como “robustico”, “carirredondo”, “coloraíto” y “con los ojos zarquitos”- y un grupo de hombres que los testigos identifican con apodos como Pelusa, Carlos, el Paisa y Sabino, entre otros. En uno de los informes de la Fiscalía (redactado el pasado 5 de febrero e incluido en la causa contra el jefe de los sicarios) se identifica a Pelusa como el dueño de un laboratorio de cocaína que fue desmantelado por la policía. En ese mismo documento se detalla que también tenía un vehículo en el que “llevaba a personas amarradas en horas de la mañana”. Dos detalles que coinciden con el plan que llevaba a cabo este grupo en la región: “Hacían limpieza de personas que hacían maldades y las asesinaban”.
‘Limpieza social’
Los 12 Apóstoles es responsable de 509 víctimas a principios los noventa, según defensores de derechos humanos que han investigado a este grupo. Su tarea consistía en lo que se conoce por “limpieza social”, es decir, garantizar la seguridad en determinados territorios a través de ejecuciones arbitrarias de lo que consideraban delincuentes, colaboradores de la guerrilla, adictos a las drogas, entre otras personas inocentes. Camilo Barrientes, un conductor de autobús, es la víctima que permitió que se abriera el caso contra Santiago Uribe. Fue asesinado en febrero de 1994.
“Los comentarios eran que ellos trabajaban con la Policía y el Ejército”. El testimonio de M. T. M. hace referencia también a la presencia de personal de las fuerzas de seguridad en la hacienda. “Pues sí, allá iban. Con el Ejército que se mantenía allá”. Tanto este testigo como otra recuerdan que se hablaba de estas personas como “paracos”. “No me gusta esa palabra”, dice L. M. P., una trabajadora que estuvo 13 años en La Carolina cocinando, limpiando cuartos y haciendo cualquier tarea que le mandaran. “¿Qué es para usted un paraco, un paramilitar?”, le pregunta el fiscal. “Gente mala. Pasaba alguno muerto y decían: esos fueron los paracos que mantienen ahí en La Carolina”. Cada noche, cuando esta mujer salía de la finca, los mayordomos le recordaban una frase: “El Mono es de respeto’. Nos decían que nos fuéramos callados. No vimos nada, solo escuchamos comentarios. Cuando salíamos, ellos se reunían”.
En el tiempo que esta mujer pasó en La Carolina asegura que nunca vio “a la ley”, es decir, a la policía. Sin embargo, confirma que al poco de irse de la finca, se instaló un batallón militar, el de Girardot, encargado de tareas de seguridad en la zona. Otra empleada de la hacienda, M. E. R. T, habla en cambio, de encuentros una o dos veces por semana con miembros de la policía nacional. El fiscal le menciona algunos nombres, aunque esta encargada de las tareas del inmueble principal no los recuerda. Ni siquiera el de Alexander Amaya.
Este es uno de los testigos clave en el juicio, expolicía y exparamilitar que cumple una condena de 40 años de cárcel. Desde mediados de los noventa asegura que Uribe fue jefe de Los 12 apóstoles, así llamados porque uno de sus miembros era sacerdote, y de haber estado en una reunión del ganadero con este grupo en la finca La Carolina
“Se puede dar como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo Los 12 Apóstoles”, dijo la vicefiscal María Paulina Riveros al inicio del proceso en octubre de 2017. Esta acusación no ha sido probada todavía. No obstante, estos testimonios pueden ahora dar un vuelco al caso.