SANTO DOMINGO. La investigación especial hecha por la Cámara de Cuentas a la gestión de Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) no solo confirmó las denuncias por actos de corrupción en la entidad, también el modo en que los funcionarios públicos en combinación con particulares manejaron más de nueve mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017.
Los auditores pudieron establecer que 25 de los 43 proveedores de servicios de la OMSA, a los que les fueron desembolsados por concepto de productos y servicios mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), no fueron localizados en los domicilios que figuran en los contratos de servicios.
“Se observó que los 43 proveedores visitados recibieron pagos por un monto de mil ochocientos un millón seiscientos setenta y siete mil treinta pesos (RD$1,801,677,030) y de estos 25 no fueron localizados, desembolsando la OMSA el monto de mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), lo que representa el 59% del monto pagado a estos proveedores por diferentes servicios”, afirma la Cámara en el informe remitido a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa.
Entre las empresas no localizadas figuran Tech Solution y Grupo Martisdom, del empresario Eddy Santana Zorrilla, quien junto a Rivas, Faustino Rosario exgerente financiero de la OMSA, Argenis Contreras, asistente de Rivas, y José Antonio Mercado Blanco, son señalados como los responsables del asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras.
El exdirector de la OMSA así como el exgerente financiero, suplieron las nuevas direcciones de los proveedores a los investigadores en un escrito de contestación a las irregulares señalada sin embargo la entidad estableció que los nuevos domicilios “no se corresponden con el ejercicio de la razón social indicadas en los contratos y/o órdenes de compra”.
Un ejemplo de las irregulares lo constituye el hecho de que la empresa Climosa Enterprises a la que la Oficina Metropolitana le pagó RD$244,061,386 por servicios otorgados, no fue localizada en la avenida John F. Kennedy esquina Lope de Vega del Distrito Nacional.
“La entidad explica que la dirección es la indicada en el contrato sin embargo en esta dirección Ave. John F. Kennedy con Ave. Lope de Vega frente al Banco Scotiabank existe una estación de combustible y del lado arriba está un solar baldío y frente a este solar un dealer de vehículos JMC, por lo que no coincide con la establecida en el contrato”, dicen los auditores.
Otra entidad a la que se le desembolsó RD$121, 824,120 y no pudo ser localizada por la Cámara de Cuentas, según se estableció en la investigación, es Venditio Line & Asociados.
A las empresas de Santana Zorilla, quien presuntamente había negociado con Yuniol Ramírez el pago de cuatro millones de pesos para que retirara un recurso en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la OMSA le pagó del 2012 al 2017, RD$332,047,050.
“La OMSA adquirió bienes y servicios durante el período bajo investigación con 51 proveedores, a los cuales se les efectuaron pagos por un monto de RD$3,029,885,296”, dice la Cámara de Cuentas.
Los investigadores afirman que hay responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que causó graves perjuicios económicos al patrimonio público, unida a maniobras dolosas y fraudulentas implementadas en los procesos de contratación, dan indicios de responsabilidad penal. Además de mencionar a los funcionarios de la OMSA, la Cámara también cuestionó las actuaciones de los miembros de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) de la Contraloría General.