SANTO DOMINGO. El anteproyecto de reforma a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones conlleva sanciones penales a funcionarios y servidores públicos, no porque se registre un aumento de los casos ilícitos sino para seguir fortaleciendo el sistema de compras, aseguró Yokasta Guzmán, directora general de Contrataciones Públicas.
—¿La Dirección de Compras y Contrataciones está trabajando conjuntamente en el anteproyecto con el Poder Ejecutivo?
Así es. Nos encontramos trabajando junto al Poder Ejecutivo en un anteproyecto que modificará la Ley vigente, incorporando lo que se ha aprendido en el período septiembre 2012 a la fecha y las mejores prácticas nacionales e internacionales; las recomendaciones realizadas por distintos sectores de la sociedad, los proveedores y las instituciones.
—¿Es necesario imponer una penalidad de hasta 20 años de prisión?
Se están considerando alternativas.
—¿Qué motivó la reforma de la ley?
Los sistemas de compras evolucionan rápido. En países que promulgaron la Ley en la misma época que República Dominicana ya llevan dos o más modificaciones. Aunque la Ley es de 2006 es a partir de septiembre de 2012 que inicia su implementación. Y en este tiempo todos los actores del sistema, es decir las instituciones, MIPYME, mujeres, sectores productivos, proveedores en general, Contrataciones Públicas y su personal y la sociedad, han desarrollado sus capacidades y el mismo sistema ha mostrado qué debe ser modificado, qué debe ser incluido, y qué necesita la normativa para ser más transparente, promover comportamientos íntegros en todos los actores, y ofrecer igualdad de oportunidades.
El Estado compra cotidianamente bienes, servicios u obras que pueden ser suplidos por la industria nacional, y por las MIPYME y mujeres, como política de desarrollo, respetando los tratados internacionales.
En adición a los aspectos que han sido incorporados, se incluirá la necesidad de que la administración al momento de comprar tenga en cuenta criterios de cumplimiento de la normativa nacional y de convenios internacionales ratificados por el país, en temas tan importante como el medioambiente, la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, el uso de materiales biodegradables o reciclados, las oportunidades ofrecidas a adultos de la tercera edad, el cumplimiento de normas, entre otros.
—¿Las imposiciones de las penas obedecen a un incremento de casos que involucren a los servidores públicos?
No. Si se es objetivo, no se puede llegar a la conclusión de que hay incremento de casos o que hay más corrupción.
Lo que sucede es que anteriormente no se tenía información del sistema de compras ni proveedores ni instituciones conocían la ley ni había una sociedad ya informada que exija rendición de cuentas del uso de los recursos públicos.
La debilidad a nivel de las instituciones y de la sociedad era extraordinaria, no había capacidades técnicas desarrolladas, y las MIPYME mendigaban favores no exigían derechos.
En apenas 5 años, la realidad ha cambiado, y el establecimiento de las penas que determinen los expertos, servirá para seguir fortaleciendo el sistema de compras y como elemento que haga tomar más conciencia de la responsabilidad que tenemos los servidores públicos y sus consecuencias.