SANTO DOMINGO. Era 19 de mayo de 2016 cuando los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Leonel Fernández, de la República Dominicana, anunciaban que bajo el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) iniciaban acciones para intentar poner en marcha un proceso de “diálogo nacional” en Venezuela, sumergida en una crisis política y social.
Para noviembre de ese año, el Gobierno y la oposición venezolana acordaron una declaración conjunta denominada “Convivir en paz”, en la que ambos se comprometieron a cumplir con la Constitución del país y expresaron su “firme compromiso” con una convivencia “pacífica y constructiva” que “destierre la violencia”. En el proceso de las conversaciones, ambas partes habían aceptado que un representante de la Santa Sede participara en el mecanismo de diálogo.
La “luna de miel” duró poco. En enero de 2017 el Vaticano y un grupo de expresidentes entregaron una propuesta a la coalición opositora de Venezuela para crear un mecanismo que permitiera verificar el cumplimiento de los acuerdos, y se reactivara el proceso de diálogo tras un estancamiento motivado por mutuas acusaciones de incumplimiento.
Ese año hubo tensas protestas en Venezuela, caracterizadas por masivas manifestaciones en las que se desató la violencia.
El descontento se disparó luego de que el Tribunal Supremo retirara los poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y el gobierno de Nicolás Maduro asumiera las competencias del Legislativo, algo que los opositores consideraron “un golpe de estado”.