La práctica del reparto de costos entre las aseguradoras y el Estado no tenía fundamento legal, sostiene un comunicado oficial que estima que, por lo tanto, no hay razón para continuarla.
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La práctica del reparto de costos entre las aseguradoras y el Estado no tenía fundamento legal, sostiene un comunicado oficial que estima que, por lo tanto, no hay razón para continuarla.
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