SANTO DOMINGO. La Vicepresidenta de la República y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) pusieron en circulación este martes una versión ilustrada de la Ley 352-98, editada para que la población conozca de una manera fácil los derechos de los ciudadanos de avanzada edad.
El acto, efectuado en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD), estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; y por las directoras del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), Altagracia Suriel, y del Conape, Nathalie María. El documento, de 144 páginas, fue editado por Prosoli con el apoyo de la Vicepresidencia de la República y del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).
Para la vicepresidenta Margarita Cedeño las personas de tercera edad necesitan de la vida familiar y de la convivencia comunitaria, pero también demandan independencia, libertad y oportunidades para desarrollar una vida productiva de manera integral y solidaria.
Opina que la población en proceso de envejecimiento demanda una cobertura mayor de protección de sus derechos fundamentales, como son la salud, alimentación, viviendas adecuadas, así como espacios de recreación y estancias diseñadas especialmente para su condición y edad, en las que prevalezca el respeto a su dignidad, principios, prácticas y valores tradicionales”, destacó.
La también coordinadora del Gabinete Social aseguró, que la sociedad dominicana ha decidido trabajar y convocar voluntades para otorgar a los adultos mayores toda la protección que necesitan, con el propósito de elevar su calidad de vida y garantizar que vivan en un ambiente seguro, digno y adecuado a sus necesidades.
“En nuestra sociedad, las personas de edad avanzada representan el diez por ciento. Son ciudadanos y ciudadanas que ya han legado y abonado su trabajo, sus conocimientos y dedicación a una sociedad que las vio nacer y que ahora le toca legislar, supervisar y velar para que se cumpla la ley que garantiza la seguridad de vivir con dignidad”, manifiestó.
La doctora Margarita Cedeño agrega que según la ley que norma la protección a las personas adultas mayores, la atención para esta población es una responsabilidad que la familia, la comunidad, la sociedad en general y el Estado tienen el deber de garantizar, con absoluta prioridad y efectividad.