SANTO DOMINGO. La empresa Inversiones Italo Tropicales dijo que mantiene la propiedad de los terrenos que posee en Miches, ya que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia solo anula el deslinde hecho el 2 de octubre de 2003 de varias extensiones de terreno adquiridas en la parcela 21 del Distrito Catastral 38/3era de Miches entre 1994 y 2001.
Así lo establece la empresa en una nota aclaratoria a una publicación que establece que la Suprema habría anulado los títulos de su propiedad en favor del Banco Agrícola.
“La mencionada parcela 21 tiene una superficie total de 41.6 millones de metros cuadrados en la que existen varios co- propietarios. Uno de ellos es Inversiones Ítalo Tropicales, propietaria de algo más de 10.6 millones de metros cuadrados. El Banco Agrícola tiene un documento denominado ‘carta constancia anotada’ que le reconocería como propietario de unos 28.3 millones de metros cuadrados de dicha parcela, terrenos que nunca ha ocupado ni poseído. El resto de la parcela -1.6 millones de metros cuadrados- está en manos de otros propietarios, cuyo número bien podría superar los 10”, explica una nota de prensa enviada a este diario por Italo Tropicales.
Según la empresa, casi ocho años después de realizado el deslinde de Inversiones Ítalo Tropicales, el Banco Agrícola inició una acción legal en contra de dicho proceso, aunque nunca ha ocupado o ejercido posesión alguna en esa parcela.
“La litis llegó hasta la Suprema y ha fallado en el pasado mes de agosto a favor del Banco Agrícola al determinar, por un tecnicismo, que el proceso de deslinde fue realizado de forma incorrecta, lo que lleva a tener que hacer uno nuevo, algo que Inversiones Ítalo Tropicales va a iniciar de conformidad con las nuevas leyes vigentes”.
Se queja de el “el Banco Agrícola no procedió de igual forma contra los otros deslindes históricos y posicionales de terceros, algo que debió hacer si hubiera habido una sana intención en proteger sus intereses en dicha parcela. Este tipo de acciones vuelve a traer a la palestra el tema de las garantías para proteger a la inversión, nacional o extranjera”.