SANTO DOMINGO. El incremento de extranjeros ilegales en territorio dominicano pone en la mira la efectividad de los controles internos y la necesidad de revisar la política estatal que se está implementando en materia migratoria.
La situación se registra mayormente porque los extranjeros en calidad de turistas, inversionistas, grupos deportivos, artístico, entre otros, son admitidos en el país con una tarjeta de ingreso de no residente que les permite permanecer hasta 60 días, prorrogables, y tras ese periodo muchos deciden quedarse a residir de manera permanente sin agotar los procedimientos de ley.
A ellos se suman los indocumentados haitianos que burlan los controles fronterizos para penetrar a la República Dominicana, en donde se dedican a realizar todo tipo de trabajo.
Datos oficiales dan cuenta que en lo que va de año 140,171 indocumentados de diferentes nacionalidades fueron deportados del país, los que se suman a otros 35,824 que fueron expulsados en el 2016. Los deportados correspondían a ciudadanos estadounidenses, afganos, cubanos, venezolanos, taiwaneses, alemanes, brasileños, haitianos, franceses, hindúes, rusos, chinos, checos y albaneses.
Esas cifras se registran a pesar de que la Ley 285-04 sobre Migración, en su artículo 101 indica que es ilegal la permanencia del extranjero en el territorio nacional, que aun habiendo ingresado legalmente al país, permanezca en él una vez vencido el plazo autorizado por la autoridad competente.
El aumento de extranjeros con estatus de irregularidad o ilegalidad, es producto de la debilidad en materia de política migratoria, según el experto en asuntos migratorios, Juan Manuel Rosario, quien asegura que no sólo se observa en la falta de efectividad en la aplicación de las leyes dominicanas, sino en la ejecución de medidas para prevenir el ingreso masivo.
“Diariamente entran al territorio dominicano personas de diversas nacionalidades al margen de lo que establecen las leyes dominicanas; y las autoridades dominicanas hacen muy poca cosa para revertir tal situación”, apuntó.
A su juicio, la política de permitir todo en materia de asuntos migratorios para complacer las aspiraciones de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros, de sectores empresariales y profesionales, y de ONG nacionales con financiamiento extranjero, ha puesto en peligro la soberanía de la República Dominicana.
Advierte que lo ejecutado en materia de asuntos migratorios no ha sido cumpliendo los estrictos requisitos de las leyes, la Constitución y los intereses nacionales; sino que se han implementado medidas para “hacerse el agradable a fuerzas externas”. A eso se le agrega que en ocasiones las autoridades dominicanas se han rodeado de “asesores” que tienen más pendiente sus criterios ideológicos que los intereses del Estado dominicano; para esos “técnicos” lo único importante es su visión ideológica.