Finjus defiende la postulación ciudadana de candidatos
Santo Domingo.-El proceso de elección de los miembros de las Altas Cortes fue abierto el pasado 15 de mayo de 2017 con la celebración de la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde quedó conformado este órgano y se procedió a ordenar las acciones que conllevarán a la elección de 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia y los 5 miembros del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Asimismo en su reciente reunión del 12 de junio pasado el CNM aprobó el Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley núm. 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.
Acto seguido, el CNM llamó a los ciudadanos y las organizaciones sociales a presentar candidatos a integrar los estamentos señalados, de acuerdo al art. 15 Del Reglamento, que establece que “la presentación de candidaturas será libre y podrá ser hecha tanto por organizaciones cívicas e instituciones como por particulares. En todos los casos el titular de la candidatura debe dar su consentimiento de acuerdo con las formalidades y dentro de los plazos establecidos por este Reglamento”.
La convocatoria del CNM a participar en la presentación de candidatos a las Altas Cortes es un derecho fundamental protegido en la Constitución de 2010 y que ha sido reconocido como un logro del proceso de la reforma judicial dominicana desde sus mismos inicios.
En efecto, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura No. 169-97, del 15 agosto de 1997, en su artículo 12 recogía que “la presentación de candidaturas será absolutamente libre, y se podrá realizar tanto por instituciones como por personas físicas dentro de los plazos y de acuerdo con las formalidades establecidas por el Consejo Nacional de la Magistratura”.
El país recuerda los acontecimientos históricos de hace 20 años que dieron lugar a la elección de la primera Suprema Corte de Justicia fuera del sistema antidemocrático que daba al Senado la exclusividad de la designación de los jueces de todas las instancias. En ese marco las organizaciones sociales más importantes, de todos los sectores, constituimos la Coalición por una Justicia Independiente, que promovió la presentación de los candidatos más idóneos para dirigir el Poder Judicial dominicano.
Abogados tildan de inoportuno CONEP sugiera jueces
Los abogados Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Amadeo Peralta, tildaron ayer de improcedente que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) haga recomendación de candidatos a jueces para las altas cortes.
Dicen que sería nociva para el sistema de justicia la influencia de un sector que tiene fuertes intereses económicos, y que pudiera recomendar a personas que le sean leales en los tribunales.
Sus planteamientos responden a una circular que se hizo pública en la que el CONEP pide a sus miembros hacer recomendaciones para la elección que debe hacer el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para llenar las vacantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
“El CONEP nada tiene que ver con la justicia, que no sea intentar buscar jueces que le sean leales, y es sabido por todos que en la Suprema Corte de Justicia hay jueces del empresariado, y por ahí no pasa nada que afecte a esos sectores”, comentó Peralta.
Mientras, Medina Calcaño calificó de contradictoria la posición del empresariado, puesto que son muy críticos con los partidos políticos, alegando que la escogencia de las altas cortes debe realizarse al margen de intereses políticos y económicos que puedan contaminar un proceso que debe estar caracterizado por la transparencia y la imparcialidad.
“El CONEP y su membresía representan un sector social con fuertes intereses y así como entendemos que sería nocivo para el orden jurídico institucional y para el estado social y democrático de derecho la influencia partidaria en este proceso de selección, lo mismo opinamos respecto a la participación de sectores como el empresariado, que pudiera dar lugar a serios conflictos de intereses en caso de que sus recomendados sean designados en las altas cortes”, consideró.