SAN JUAN DE LA MAGUANA. El Tribunal Constitucional (TC), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Colegio Dominicano de Abogados, filial de San Juan de la Maguana, dejaron iniciado el diplomado en “Derecho Constitucional y Procedimiento”, dirigido a profesionales del derecho.
La jornada inició con la conferencia “La Constitucionalización del Derecho Penal”, a cargo del magistrado Rafael Díaz Filpo, juez del Tribunal Constitucional, quien dijo que la “constitucionalización del derecho”, se caracteriza por la materialización del derecho por medio de los principios constitucionales, la garantía jurisdiccional y la importancia de la argumentación, indicando que del nuevo constitucionalismo han surgido interesantes desarrollos doctrinales e importantes debates.
El magistrado Díaz Filpo destacó que hasta ahora el TC ha emitido más de dos mil 200 sentencias, al tiempo que refirió la afirmación del jurista español Diego López Garrido, quien sostiene que la Constitución dominicana es la más avanzada de América Latina y El Caribe.
Declaró que la Carta Sustantiva de la nación está por encima de los tratados internacionales, ponderando que se trata de un tema que ha sido objeto de amplios debates entre los doctrinarios del derecho constitucional.
Manifestó que la rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son los primeros elementos que contribuyen a este fenómeno de la constitucionalizacion del derecho y para que su contenido pueda permear al resto del ordenamiento es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios, sino asegurar la objetividad de su significado, la aplicación de elementos institucionales que caracterizan el diseño y el ejercicio de la función jurisdiccional que carecen los órganos netamente políticos.
El magistrado Díaz Filpo dijo que la constitucionalización del derecho no ha sido ajena al derecho penal, ya que las constituciones de los diversos Estados han concebido principios que sirven de orientación para la regulación de esta rama del derecho, tal como lo sostiene la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia C-038, del 9 de febrero de 1995 y el TC dominicano, en las Sentencias TC/0214/15 y TC/0224/15.
El juez del TC, agregó que la constitucionalización del derecho penal y sus procesos es cuando los textos constitucionales contemplan el derecho de cada persona a un juicio público, ante la autoridad competente, suman a estos los derechos fundamentales a la dignidad humana, la prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes, la libertad como regla, la prohibición de la pena de muerte, el derecho a la intimidad, a la legalidad, favorabilidad, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, el derecho a un juicio público y justo.
La ceremonia de apertura fue realizada el martes 30 de mayo con las palabras de bienvenida a cargo de Luis Octavio Ortiz, secretario general de la filial del Colegio de Abogados en la provincia, tras lo cual fue presentado el Infodocumental “Por la Supremacía de la Constitución” que refiere qué el TC, sus integrantes y algunas de sus decisiones.
Estuvieron presentes en el acto acompañando al magistrado Díaz Filpo en la mesa principal, el licenciado Edgar Omar Ramírez, coordinador académico del diplomado y el magistrado Manuel Ramírez Susaña, presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana.
La docencia del diplomado está pautada para iniciar a partir del sábado 3 de junio en el Auditorio del CURO-UASD y está dirigida a profesionales del derecho, jueces, representantes del ministerio público y defensores públicos de la provincia y localidades aledañas. La capacitación tendrá una duración de tres meses y comprenderá 100 horas académica, impartidas los sábados de 9:00 de la mañana a 4: 00 de la tarde.
El TC realiza desde 2013 estas capacitaciones para juristas, periodistas, militares, policías, maestros y otros sectores del país con el interés de desarrollar temas constitucionales, a fin de propiciar que los ciudadanos vivan en Constitución, resaltar el contenido de la Carta Magna, la importancia de que los ciudadanos conozcan a plenitud sus derechos y a la vez se conviertan en multiplicadores de esos conocimientos.