SANTO DOMINGO. A los políticos y empresarios dominicanos acusados de supuestamente estar involucrados en el escándalo de Odebrecht se les atribuye haber incurrido “en todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores”, “prevaricación”, “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.
Así lo revela la Procuraduría General de la República que, aunque dijo el pasado lunes que “están todos los que son y son todos los que están”, afirma este miércoles que continúa con la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, con la finalidad de determinar si otras personas o empresas están involucradas.
Hoy, a las 5:00 de la tarde, el Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco continuará conociendo la solicitud de 18 meses de prisión, como medidas de coerción, solicitada por la Procuraduría General de la República.
El grupo de imputados está integrado por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 2000-2004, Roberto Rodríguez Hérnández; el empresario Ángel Rondón, el ingeniero mecánico electricista Máximo D´Oleo, el abogado Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos, expresidente de la Comisión de Energía del PRD, a este último, quien se encuentra en Panamá, su orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
También están acusados los senadores del Partido de la Liberación Dominicana por Santiago y San Cristóbal, Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, a quienes el Congreso Nacional tiene pendiente conocerles el desafuero.
En una comunicación de prensa, la Procuraduría General de la República dijo que durante la audiencia de medidas de coerción, ayer lunes, el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, acompañada de los fiscales Milciades Guzmán, Wilson Camacho, Joel López, Narciso Escaño, Carmen Díaz Amézquita, Francisco Polanco y Wagner Cubilette.