SANTO DOMINGO. Desde que en diciembre pasado se supo que la empresa Odebrecht pagó sobornos para conseguir las obras de infraestructura que le han adjudicado en el país, empezó una ola de expresiones de inconformidad ciudadana en contra de la corrupción y la impunidad.
Esa inconformidad se tornó en protestas cuando el 22 de enero, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles en la denominada “Marcha Verde por el Fin de la Impunidad”, que recorrió la avenida 27 de Febrero, partiendo de la Máximo Gómez, hasta el Parque Independencia, bajando por la 30 de Marzo.
La marcha, ya con forma de movimiento social y sin identificarse con ninguna agrupación política, ha realizado movilizaciones en distintas partes del país, logrando atraer a ellas un gran número de personas.
Esas presiones, que obligaron al propio presidente de la República, Danilo Medina, a referirse a ellas durante su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, son -a juicio de algunos analistas- un factor determinante para que las investigaciones por los sobornos de Odebrecht se mantengan abiertas en el país.
En ello coinciden la politóloga Rosario Espinal y el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Iván Ogando.
Espinal entiende que, dada la proyección internacional que tiene el caso de Odebrecht, al Gobierno se le hace difícil hacer un borrón y cuenta nueva, por lo que es probable que esta vez se haga justicia.
“Si fuera un caso local, hace rato que estaría enterrado, pero es un caso internacional donde hay una información que sale de otros lugares y no la controla el Gobierno”, plantea la politóloga, aunque mantiene sus reservas sobre los resultados de la investigación, “en un país donde nunca se ha hecho justicia y donde los políticos no van a la cárcel”.
Por eso, resalta la importancia de la Marcha Verde, porque entiende que ha sido una campaña para que el Gobierno actúe y no deje pasar el caso.
Ogando también es de opinión de que, gracias a las manifestaciones del movimiento, el tema de los sobornos de Odebrecht se ha mantenido en el tapete.
“Creo que la demanda que transmite es un elemento de presión importante, igual que algunos medios de comunicación que han mantenido el tema. Sin eso, no se le hubiese dado la importancia y relevancia dentro de la agenda de la Procuraduría”.
Además de la Marcha Verde, el 9 de mayo, un grupo de estudiantes ocupó por varias horas la sede del Ministerio Público pidiendo que se den a conocer los nombres de los implicados en el caso. Con igual demanda, el pasado martes otro grupo de manifestantes pertenecientes al movimiento Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) intentó establecer un campamento en las afueras de la Procuraduría, pero fueron levantados a la fuerza por agentes policiales.
Los agentes también impidieron, lanzando bombas lacrimógenas, la entrada al edificio de varios diputados que ese día acudieron al lugar en solidaridad –dijeron- con los que iban a levantar el campamento.